Tabla de contenido
Por: Eduardo Serna
Opinión.- En el discurso de Gettysburg, el presidente Lincoln (1805-1865) dijo lo siguiente: “…que esta nación, bajo Dios, tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perecerá de la Tierra”. Aquellas famosas palabras en esa página, ahora pueden olvidarse; como una página que es arrancada de un libro de historia, para ser sustituida por una página de histeria. El capitalismo ha dado a luz el primer “Estado Corporación”, legalmente institucionalizado; el gobierno “del pueblo y para el pueblo” ha mutado en un gobierno “de las corporaciones y para el capital”.
Para México es importante tener claridad en este sentido, ya que no estamos negociando el tratado de libre comercio con el gobierno vecino, sino con una empresa que no tiene un presidente, tiene una mesa directiva con muchos CEO’s. Esto se pudo constatar en la última visita que el “estado corporación” hizo a China.
Antes de entrar en materia, conviene ponerse en contexto para quien se asome por primera vez al tema. Una stablecoin es, en términos simples, una moneda digital que mantiene un valor estable atándose al precio de otra moneda tradicional (casi siempre el dólar) y que para ello guarda reservas equivalentes, por lo general en bonos del Tesoro de corto plazo o depósitos bancarios. La diferencia con una criptomoneda como Bitcoin es que la stablecoin no especula: presume paridad uno a uno con el dólar, lo que la convierte en una herramienta de pago cotidiano, no en un activo de inversión. Ya circulan en el mundo cripto desde hace años (Tether y USD Coin son las más conocidas), pero hasta ahora operaban en un limbo legal, sin un marco regulatorio federal claro en Estados Unidos.
La GENIUS Act (Guiding and EstablishingNationalInnovationfor U.S. Stablecoins), recién aprobada por el Congreso estadounidense, viene a llenar ese vacío. Pero no lo hace de cualquier manera: la ley autoriza a empresas privadas (bancos, pero también, y aquí está la novedad, grandes corporaciones no financieras como Apple, Amazon o Walmart) a emitir sus propias stablecoins, siempre y cuando cada dólar digital esté respaldado uno a uno por bonos del Tesoro estadounidense de corto plazo. Es, en pocas palabras, el primer marco legal del mundo que convierte a las tecnológicas en cuasi emisores de dinero, ancladas a la deuda pública de la superpotencia.
Hecha esa aclaración, vayamos a lo que nos interesa.
Hay decisiones que se firman en Washington con la solemnidad de un acto protocolario, rodeadas de cámaras y discursos sobre “innovación financiera” y “protección al consumidor”, que en realidad esconden el movimiento de piezas más grave del siglo. Una de ellas es precisamente la GENIUS Act: una ley que no es técnica ni neutra, sino la rendición del Estado estadounidense frente a las grandes plataformas digitales. Y lo más inquietante no es que lo hayan hecho, sino que lo dijeron en voz alta.
El negocio del que nadie quiere hablar
Pongamos los números sobre la mesa. La participación del dólar en las reservas globales cayó del 71 al 56 por ciento. China redujo a la mitad sus tenencias de deuda estadounidense. Los BRICS consolidan cada vez más el comercio en monedas locales. El esquema del petrodólar (esa arquitectura mediante la cual los países productores de petróleo estaban obligados a aceptar dólares, obligando a medio mundo a comprar bonos del Tesoro) se está desmoronando en cámara lenta. Y Estados Unidos, simple y llanamente, ya no tiene a quién cobrarle la cuenta: no puede seguir dependiendo de que bancos centrales extranjeros financien sus 37 billones de dólares de deuda pública.
Frente a ese escenario, ¿cuál es la respuesta de la superpotencia? No imprimir un dólar digital propio. No construir infraestructura pública de pagos. No. La respuesta fue crear el andamiaje legal para que las grandes tecnológicas (Apple, Amazon, Walmart) emitan sus propias monedas digitales estables, las llamadas stablecoins, y que cada una de ellas esté respaldada uno a uno por bonos del Tesoro estadounidense.
Lo confiesa la propia Casa Blanca sin que le tiemble la voz: las stablecoins “jugarán un papel crucial en asegurar el dominio global continuado del dólar como moneda de reserva mundial”. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, proyecta que el mercado de stablecoins alcanzará los dos billones de dólares para 2028. La Universidad de Columbia lo documenta con una frase que debería indignar a cualquiera: la GENIUS Act “evitaría por completo a los bancos centrales extranjeros, canalizando la demanda de valores del Tesoro a través de usuarios finales en todo el mundo”.
bajopalabra
¿Se escucha bien? El Estado de mayor potencia militar y económica del planeta está declarando oficialmente que ya no puede sostener su propia moneda por sí mismo. Que necesita a las corporaciones para refinanciar su deuda. Que la única forma de mantener al dólar vivo es convertir a ocho mil millones de smartphones en portadores pasivos de bonos del Tesoro.
El enroque
Aquí está la trampa, el giro que casi nadie está leyendo con la seriedad que merece: por primera vez en el siglo XXI, el gobierno de Estados Unidos queda subordinado a las corporaciones en su propia supervivencia financiera. Ya no son los bancos centrales extranjeros ni los Estados-nación quienes sostienen al Tesoro. Son empresas con más usuarios que muchos países tienen habitantes. Apple tiene más de dos mil doscientos millones de dispositivos activos. Amazon y Walmart dominan el comercio global. Son ellos, y no el Capitolio, quienes ahora tienen la llave del flujo de capital hacia la deuda pública estadounidense.
Lo grave es el diseño legal, que revela con frialdad quién manda y quién obedece. La Sección 4(a)(11) prohíbe a las corporaciones pagar intereses a los usuarios que depositan su dinero en las stablecoins. ¿Y a dónde va el rendimiento de los bonos del Tesoro que respaldan esas stablecoins? A las corporaciones emisoras. El ciudadano pone el capital. El Estado pone la garantía. La corporación se queda con la ganancia. Es una transferencia de riqueza tan obscena que usan el eufemismo: “innovación financiera” para disfrazarla.
Pero la cosa no termina ahí. Las corporaciones no pueden rehipotecar las reservas en otra cosa que no sean bonos del Tesoro. El Estado les impone su deuda. Sin embargo, el Estado no puede obligar a los usuarios a usar esas stablecoins. Las necesita. Sin Apple, sin Amazon, sin Walmart, el dólar digital no llega a ningún rincón del planeta. Sin el respaldo regulatorio y la demanda de bonos, las corporaciones no tienen negocio. Es un matrimonio por conveniencia.
El precedente roto
Hay que decir esto sin rodeos: nunca, en toda la historia moderna, una potencia hegemónica había delegado de manera explícita la emisión de instrumentos monetarios a empresas privadas no financieras. Ni la Compañía de las Indias Orientales, ni Standard Oil llegaron a este punto. Aquellas acumulaban capital mediante extracción colonial, controles territoriales o especulación financiera. Ninguna emitió dinero respaldado por deuda soberana con la anuencia del propio Estado soberano.
Y tiene un nombre filosófico que conviene pronunciar: necrocapitalismo institucionalizado. La acumulación de capital a través de la destrucción de condiciones de vida, la externalización de costes hacia cuerpos y territorios, encuentra aquí su forma más pura. No se trata ya de que las corporaciones contaminen ríos o exploten mano de obra (aunque también), sino de que la deuda pública misma se convierte en mecanismo de extracción. Cada stablecoin en circulación es un pequeño tubo de succión: del bolsillo del usuario, a través de la plataforma corporativa, hacia el Tesoro que paga intereses a la corporación. Mientras tanto, el usuario recibe cero rendimiento y asume todo el riesgo sistémico del edificio.
La pregunta que flota
Lo más honesto que puede decirse es que la GENIUS Act no es una anomalía, sino la culminación de un proceso que llevaba décadas operando en la sombra. Primero se privatizaron las prisiones, después los ejércitos, después la salud, después la educación. Ahora se privatiza la moneda. La diferencia es que antes había un pudor, una narrativa de “colaboración público-privada” que intentaba vestir el cuerpo. Hoy ya ni eso. El Estado estadounidense no se postula como árbitro del bien común: se presenta abiertamente como administrador de flujos de capital hacia sus socios corporativos.
La pregunta que queda flotando, y que nadie en los medios masivos se atreve a formular, es quién manda realmente cuando el que presta la plataforma puede, en teoría, desconectar al soberano de sus propios ciudadanos con un simple cambio de algoritmo. Si mañana Apple decide que su stablecoin solo funciona en su ecosistema, el Tesoro no tiene palanca para impedirlo sin colapsar el sistema que acaba de crear. Si Walmart decide migrar su sede a Irlanda, el ciudadano estadounidense se queda con los bonos en la mano y sin contraparte operativa.
Y si todo se desploma, ¿quién rescata a quién? La historia del FOBAPROA mexicano en 1995 debería servir de recordatorio: cuando los tubos de succión colapsan, la deuda se socializa. En México, la sociedad pagó la deuda de los banqueros. En el modelo GENIUS, la sociedad ya está pagando la deuda del Estado antes de que colapse, y la paga a través de corporaciones que ni siquiera son bancos, que no tienen obligaciones fiduciarias tradicionales, que pueden mudar su sede fiscal a Singapur o a Dublín mientras el ciudadano común queda cargando con el muerto.
Lo que no se dice
La narrativa oficial (“queremos pagos digitales seguros para los ciudadanos”) es la cortina de humo perfecta. El verdadero objetivo lo enunció la propia administración: “asegurar el dominio global del dólar”. El dominio global del dólar no es un bien público. Es una renta geopolítica que beneficia a quienes operan en dólares, invierten en dólares y cobran en dólares: las grandes corporaciones transnacionales, los fondos de inversión, los acreedores soberanos que aún no se han desdolarizado. El ciudadano común que gana en dólares y gasta en dólares no recibe ningún beneficio adicional. Solo asume un riesgo nuevo, sin voz y sin voto.
bajopalabra
Y este es el punto al que quiero llegar, amigas y amigos lectores: el silencio no es neutralidad. Cada vez que un medio de cobertura masiva presenta la GENIUS Act como un “avance regulatorio en el ecosistema cripto” sin nombrar lo que realmente está ocurriendo, está siendo cómplice funcional del enroque. Cada vez que un experto repite el mantra de que “es buena para el consumidor” sin analizar quién captura el valor y quién asume el riesgo, está ayudando a blindar el discurso. Cada vez que una opinión publicada celebra la “modernización del sistema financiero” sin preguntar por qué el Estado ya no puede sostenerse a sí mismo, está legitimando el matrimonio desigual.
Nos quieren hacer creer que el mundo se mueve por inercias técnicas inevitables. No es cierto. Se mueve por decisiones políticas tomadas en nombre de intereses privados que ya no se ocultan. Y si una mayoría adormecida por el ruido mediático no se atreve a leer lo que los propios documentos dicen, terminaremos aceptando como normalidad lo que “el estado corporación” dicte, y créanme cuando digo esto, no será en favor de los intereses de ningún pueblo que permanezca bajo ese modelo económico.
Como siempre, los invito a reflexionar y tomar acción.
Las opiniones expresadas en Bajo Palabra+mx son libres, pero son responsabilidad de quien las expresa, no representan necesariamente la linea editorial de este medio.
