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Por Christopher Escobar Jiménez
Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que efectivamente, tal y como Abelina pregonaba todo este tiempo, quien podía auditar los 898 millones de pesos de aportaciones federales para el municipio de Acapulco en el año 2023 es exclusivamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE), y esta noticia es una perfecta y contundente desarticulación a las narrativas tendenciosas que apuntaban a que todo ese dinero fue robado por Abelina.
La gran narrativa del supuesto robo de tantos millones comenzó a partir de que la ASE, desconociendo sus alcances, requirió información para auditar recurso proveniente de fondos federales destinados al municipio de Acapulco bajo la etiqueta de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN). Este fondo tiene como objetivo financiar obras y acciones de infraestructura social básica en los municipios de todo México.
Contrario a lo que algunos medios de comunicación decían, los 898 MDP en cuestión no eran para la reconstrucción tras el paso del huracán Otis (el cual tuvo lugar en octubre del año 2023), eran en general para que el municipio los administrara y convirtiera en obras públicas para las zonas de atención prioritaria dentro del territorio municipal.
La postura del Ayuntamiento y la resolución de la SCJN
La versión del gobierno municipal de Acapulco siempre fue clara: el municipio ya había solventado con éxito las observaciones de la ASF sobre dichos fondos. Tras cumplir con la federación, solicitaron una opinión técnica sobre si debían entregar la misma información a la auditoría estatal (ASE); la respuesta federal fue un rotundo no, por tratarse de recursos estrictamente federales. Fue en ese preciso momento cuando el asunto se distorsionó en la arena política y mediática, detonando una campaña digital en páginas de Facebook diseñada con un único fin: sembrar la falsa narrativa de un robo por parte de Abelina.
A ello se le sumaron las declaraciones del auditor estatal, de diputados locales tanto de Morena como de oposición, entre otros políticos que tomaron el tema como una excelente oportunidad para tratar de desprestigiar el trabajo de Abelina y del propio partido Morena.
Todos ellos se equivocaron gravemente, dejaron entrever un gran desconocimiento de la ley, en específico del artículo 79 de la Constitución, ese que faculta a la Auditoría Superior de la Federación para revisar los recursos federales, ese que Abelina siempre sacó a relucir como máximo escudo para respaldar su decisión, ese artículo que fue la base para que el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García defendiera la tesis de que la fiscalización de recursos federales corresponde a la ASF y no a la ASE, tal y como Abelina siempre dijo.
Las obras como argumento final
Abelina siempre tuvo la razón, pero la campaña de desprestigio en su contra, a la que se le invirtió tanto recurso, le generó un gran daño irreparable que es el máximo argumento para legítimamente solicitar la renuncia del auditor estatal.
Al final, frente a la guerra de narrativas, los hechos sepultaron a los discursos. Abelina tuvo el gran acierto de hacer circular las fotografías de las 511 obras ejecutadas en el año 2023 después de la resolución de la SCJN. Si bien el cumplimiento técnico está registrado en las complejas plataformas de transparencia, el ciudadano de a pie no vive de revisar portales gubernamentales. Traducir la victoria legal a un lenguaje puramente ciudadano, mostrando con imágenes que las obras existen, están ahí y benefician a la gente, fue el golpe definitivo que demostró que el dinero de Acapulco no se esfumó, sino que se transformó en infraestructura para quienes más lo necesitan.
Este artículo refleja exclusivamente la postura de su autor como profesionista independiente y se publica a título estrictamente personal. No representa la opinión ni la posición oficial de los cargos o instituciones en los que se desempeña.
