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Por Misael Habana de los Santos
Opinión.- Decía el clásico de la cultura popular que en México los boletines oficiales son un género literario autónomo: mezclan la épica, la fantasía y el realismo mágico administrativo. Uno los lee y descubre que todo es histórico, trascendental e inédito, aunque a veces lo verdaderamente importante se encuentre escondido en el último párrafo, como quien guarda la letra pequeña de un contrato o el conejo dentro del sombrero.
Así ocurrió con el llamado convenio histórico firmado entre la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías estatales del país.
La noticia, replicada dócilmente por cierta prensa local, asegura que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero adquiere facultades para revisar y fiscalizar los recursos federales ejercidos por los municipios. El encabezado es contundente. La realidad jurídica, en cambio, es mucho más modesta y, precisamente por ello, mucho más reveladora.
Porque la verdad aparece hasta el final del comunicado: la ASE podrá revisar y fiscalizar el ejercicio de los recursos federales transferidos a los municipios únicamente a petición de la ASF, conforme a los anexos técnicos respectivos y dentro de sus atribuciones legales.
A solicitud expresa. Ni antes. Ni por cuenta propia. Ni por inspiración divina. A petición de la autoridad federal competente.
Y aquí comienza el verdadero debate.
Durante años, la Auditoría Superior del Estado actuó como si esa facultad existiera plenamente. El caso más visible fue el del Ayuntamiento de Acapulco, encabezado por Abelina López Rodríguez, donde se pretendió revisar el ejercicio de recursos federales sin que existiera un convenio de coordinación vigente entre la ASE y la ASF.
El último instrumento de esa naturaleza había dejado de existir desde 2017.
No obstante, se construyó la narrativa de que aquella colaboración seguía operando, generando incluso la percepción entre legisladores locales de que las facultades estatales permanecían intactas. Bajo esa interpretación se impulsaron procesos de fiscalización cuya legalidad fue cuestionada desde distintos frentes jurídicos y políticos.
Ahora, en 2026, el nuevo convenio viene a establecer algo que debería haber sido evidente desde el principio: la fiscalización del gasto federalizado corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y las entidades estatales sólo podrán intervenir cuando la ASF así lo determine formalmente.
La pregunta resulta inevitable. Si hoy se firma un convenio histórico para otorgar un mecanismo específico de colaboración, ¿con qué fundamento jurídico se actuó en los años anteriores?
La lógica es elemental: nadie construye un puente donde ya existe una carretera.
El nuevo acuerdo no amplía una facultad previamente ejercida; la regula, la delimita y la subordina a la solicitud expresa de la autoridad federal.
Eso significa que la intervención unilateral de la ASE en asuntos relacionados con recursos federales, particularmente en municipios como Acapulco, se movía en una zona de evidente controversia jurídica.
El Estado de derecho tiene una característica incómoda para los poderosos: las facultades no se suponen ni se inventan. Deben estar expresamente contenidas en la ley.
Los servidores públicos pueden hacer únicamente aquello que la norma les autoriza. Nada más. Nada menos.
Por eso el convenio firmado en la Ciudad de México posee una ironía formidable: aquello que se presenta como un gran logro institucional termina confirmando, en los hechos, que la colaboración de la ASE con la ASF no podía darse de manera automática ni discrecional, sino exclusivamente bajo petición formal.
La letra pequeña terminó contando la historia grande.
Porque la legalidad no admite interpretaciones sentimentales ni auditorías por voluntad propia. La ley es la ley.
Si en 2026 hubo que firmar un convenio para que la ASE pudiera revisar recursos federales únicamente a solicitud expresa de la ASF, entonces la pregunta sobre lo ocurrido en los años anteriores no desaparece: se vuelve más incómoda.
Al final, la historia no estaba en los encabezados ni en los discursos triunfalistas. Estaba escondida en la letra chiquita del convenio.
Y esa letra pequeña terminó diciendo algo demoledor: las facultades no se presumen, no se heredan ni se inventan; se otorgan expresamente por la ley.
Lo demás es literatura burocrática: boletines para el aplauso y convenios para reconocer, tardíamente, los límites que la ley siempre había impuesto.
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