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Acapulco, Guerrero.- Las declaraciones de Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, en el sentido de que los senadores Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal Ávila no serán considerados en las encuestas del partido rumbo al proceso electoral de 2027, han generado tensiones políticas, particularmente en Guerrero y Zacatecas, entidades donde ambos grupos mantienen una fuerte presencia de poder.
Pese a este anuncio, ninguno de los dos senadores ha dado por canceladas sus aspiraciones de contender por la gubernatura bajo las siglas de su partido. No obstante, la forma en que han reaccionado marca una diferencia clara en sus estrategias políticas.
Por un lado, Saúl Monreal ha asumido una postura frontal, incluso de confrontación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El senador zacatecano ha sostenido que “ningún estatuto está por encima del pueblo” y ha reiterado su intención de competir: “Yo voy hasta donde el pueblo quiera” y “no me bajo”, desafiando abiertamente las reglas internas relacionadas con el nepotismo.
En contraste, Félix Salgado Macedonio ha optado por una posición más mesurada. Aunque no ha entrado en confrontación directa con la presidenta, sí ha emitido mensajes indirectos en los que expresa su inconformidad ante las amenazas de Donald Trump y responsabiliza a los partidos aliados por frenar la aprobación de la ley contra el nepotismo para 2027, así como por impedir que la revocación de mandato se aplicara en ese mismo año. En el fondo, estos posicionamientos no sólo reflejan inconformidad legislativa, sino que apuntan a exhibir la fragilidad política de la presidenta.
Estas dos rutas —una abierta y otra más velada— perfilan el arranque del proceso interno de Morena, cuya convocatoria será publicada el próximo 22 de junio para elegir a las y los coordinadores estatales de Defensa de la Cuarta Transformación, figura que en los hechos se traduce en las futuras candidaturas a las gubernaturas.
En este contexto, resulta relevante lo señalado por Luisa María Alcalde en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, donde afirmó que cualquier persona que considere contar con respaldo ciudadano podrá registrarse en dicho proceso interno. Esta apertura cobra sentido a la luz del Artículo 35 de la Constitución, que reconoce como derechos de la ciudadanía votar en las elecciones populares y poder ser votada para todos los cargos de elección popular, siempre que se cumplan las condiciones que establece la ley.
Sin embargo, el mismo marco constitucional también establece que el registro de candidaturas corresponde a los partidos políticos, así como a las y los ciudadanos que opten por la vía independiente, bajo los requisitos legales correspondientes. Asimismo, se garantiza el principio de paridad de género.
De este modo, la postura de la dirigencia de Morena puede interpretarse en una doble dimensión: por un lado, la emisión de una convocatoria abierta respeta el derecho constitucional de las personas a ser votadas; por otro, la aplicación de reglas internas permite al partido definir sus candidaturas conforme a sus principios, entre ellos, el rechazo al nepotismo.
Así, más allá de los casos particulares de Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal Ávila, lo que está en juego es una tensión de fondo entre derechos constitucionales y decisiones partidarias (que también son constitucionales). Por un lado, la Constitución garantiza el derecho de la ciudadanía a competir por cargos de elección popular; por otro, reconoce a los partidos políticos la facultad de definir y registrar a sus candidaturas conforme a sus propias reglas. En ese equilibrio —no exento de disputas— Morena no sólo definirá quiénes serán sus abanderados y abanderadas rumbo a 2027, sino también pondrá a prueba el alcance real de su discurso democrático frente a sus prácticas internas y los poderes regionales.
