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Por Eduardo Serna
Mientras los servidores de Querétaro zumban sin pausa procesando la inteligencia artificial del mañana, los grifos de El Marqués y Colón escupen aire. En la región semiárida que hoy concentra más del 65 por ciento de la capacidad instalada de centros de datos en México, equivalente al 67 por ciento según los datos más recientes de Mundo Contact, con 587.2 megavatios instalados, el progreso digital avanza a contracorriente de un derecho humano básico: el acceso al agua.
Lo que se vende como modernidad y desarrollo económico es, en la práctica, un modelo extractivista disfrazado de industria de servicios. Un ecosistema alimentado por inversiones que las fuentes más actualizadas calculan en aproximadamente 13,400 millones de dólares, y que, lejos de ser inmaterial, depende de un recurso finito y ya en déficit en este estado, mientras la opacidad regulatoria y la clasificación legal diluyen su impacto real.
El panorama es complicado y ha evolucionado desde las primeras coberturas: los datos más recientes del sector confirman que en la zona hay al menos 26 proyectos de centros de datos entre operación y desarrollo. Las proyecciones que rozaban los 400 megawatts a corto plazo ya fueron superadas con creces: la capacidad actual instalada supera los 587 megavatios, y la Asociación Mexicana de Centros de Datos estima que solo Querétaro podría alcanzar los 1,300 megawatts en el mediano plazo, en contraste con la proyección nacional de 1,500 megawatts citada inicialmente.
Frente a las críticas, la respuesta oficial y corporativa sigue siendo la misma: tecnología de circuito cerrado, enfriamiento sin agua y mínima reposición por evaporación. CloudHQ incluso promete sistemas waterless (sin agua). Suena a solución técnica impecable, hasta que se confronta con la realidad hidrológica y la ausencia de datos públicos verificables. Porque lo cierto es que nadie sabe con exactitud cuánta agua se extrae. La ingeniera Teresa García Gasca estima un consumo anual cercano a los 9,000 millones de litros para una capacidad de 305 megawatts; sin embargo, los datos más recientes de Wired México y el informe “Where Cloud Meets Cement” del Bajo Tierra Museo del Agua revelan que Microsoft habría solicitado una concesión total probable de 600 millones de litros anuales para sus operaciones en la región, lo que da una idea de la magnitud real del consumo.
En este contexto, las cifras por empresa adquieren dimensiones más claras: Microsoft ha comprometido 2,400 millones de dólares en el estado, distribuidos entre los centros Ascenty1 y Ascenty2 (1,100 millones) y tres nuevos centros de datos para inteligencia artificial anunciados en 2024 (1,300 millones). Amazon Web Services destina 5,000 millones de dólares para una región de nube enfocada en machine learning e inteligencia artificial. Google Cloud aporta 1,200 millones para su propia región en el estado, mientras que CloudHQ, cuya inversión de 4,800 millones fue confirmada por la Presidencia de México, construirá seis centros de datos adicionales. Equinix, por su parte, invirtió 250 millones en un centro operativo desde octubre de 2024. Aligned Data Centers (antes ODATA) mantiene operando los centros QR01 y QR03, entre otros proyectos.
Cada uno de estos consume 49.5 megawatts por centro, según datos de Microsoft para sus instalaciones de inteligencia artificial de 2024, y depende en un 70 por ciento de combustibles fósiles como fuente energética, según el análisis de Wired México. El contraste con las promesas ambientales corporativas no podría ser más evidente.
Mientras las cifras flotan entre estimaciones y promesas corporativas, la consecuencia en el territorio es concreta y cotidiana. La CONAGUA alertaba desde 2015 sobre el déficit de los cuatro acuíferos principales de la zona, específicamente un déficit de 56.8 mil millones de litros en el acuífero Valle de San Juan del Río, y recomendó no otorgar más licencias, años antes de que estallara el actual boom de los Datacenters. Esta advertencia fue ignorada sistemáticamente por los gobiernos tanto estatal como federal.
Hoy, familias en zonas como La Esperanza reciben agua corriente solo dos o tres días a la semana; en periodos críticos, algunas han estado hasta un mes sin suministro. Y los datos más recientes revelan una dimensión aún más grave: la peor sequía del siglo golpeó Querétaro en 2024, dejando al 14.8 por ciento de la población sin acceso constante a agua potable, según documentó Wired México. A esto se suma que el 76 por ciento de las fuentes de agua en el estado están contaminadas, según el informe “Where Cloud Meets Cement” producido por The Maybe en colaboración con el Bajo Tierra Museo del Agua.
Agricultores como Antonio Martínez, de Viborillas, reportan pérdidas de hasta el 50 por ciento en el rendimiento de sus cosechas en la última década. Y ello sin mencionar que Microsoft solicitó ante CONAGUA una concesión de 25 millones de metros cúbicos anuales para un centro en Colón, equivalente, según las fuentes, a casi una cuarta parte del agua concesionada para uso público en todo ese municipio. Sin embargo, los análisis más detallados señalan que Ascenty1 consume aproximadamente seis veces más agua que la destinada a toda la población municipal, una cifra que supera ampliamente la proporción originalmente citada y que evidencia la magnitud del impacto.
El contraste es estructural: la infraestructura que sostiene la era digital compite directamente por recursos ya escasos con las comunidades en donde se instalan. Y el problema se profundiza cuando se examina el impacto en el empleo: mientras cada centro prometía 20,100 empleos (100 directos y 20,000 indirectos), la realidad dos años después de la apertura de Ascenty1 y Ascenty2 muestra apenas 17 empleados trabajando en ambas instalaciones. La tecnología que se presenta como motor de prosperidad genera, en la práctica, menos empleos que una tienda de abarrotes.
La manera como se define esta industria nos revela el problema: los centros de datos no se clasifican como industria pesada, sino como “industria de servicios”. Esta distinción, aparentemente técnica, es un atajo regulatorio que suaviza los estudios de impacto ambiental, flexibiliza las concesiones y opaca la rendición de cuentas. Sin parámetros de medición obligatorios, sin transparencia en las extracciones y sin vigilancia epidemiológica de contaminantes emergentes, el Estado es omiso en la regulación de un recurso en peligro y de la población.
A esto se suma que en 2022 el gobernador Mauricio Kuri aprobó una ley que los activistas denominan “ley concesiones” por favorecer estas hacia una virtual privatización del agua, dificultando aún más la fiscalización del recurso. Existe también un riesgo real: el Acuerdo de Escazú, ratificado por México, según denunciarían activistas locales, “no existe” en la práctica en Querétaro. Tan solo en el año 2022 se registraron 72 defensores ambientales asesinados en el país, más de la mitad indígenas. Como bien lo señalan los colectivos y académicos que participan en el proceso legislativo sobre la ley del agua en la entidad: donde no hay medición hay riesgo; donde no hay transparencia, hay desconfianza; y donde no hay saneamiento, no hay derecho humano al agua.
La esperanza: El Parlamento Abierto para la Ley Integral de Agua en Querétaro
Frente a este escenario, la sociedad civil ha dejado de ser espectadora. El Parlamento Abierto para la Ley Integral de Agua en Querétaro se ha consolidado como un ejercicio inédito de integración democrática, al reunir en un mismo espacio a investigadores, organizaciones civiles, colectivos ciudadanos, comunidades afectadas y más de trece instituciones, logrando articular sus diversas voces y conocimientos técnicos en torno a propuestas comunes. Este esfuerzo colaborativo, que suma la participación activa de múltiples municipios y avanza en cinco comisiones que se han sumado a los trabajos del legislativo, en donde se plantea revertir la lógica extractivista; no contaminar para no tener que limpiar.
Las propuestas son claras y técnicamente fundamentadas: restaurar el ciclo hidrológico, incluir monitoreos ciudadanos activos, aplicar el principio precautorio, vincular salud pública y gestión hídrica, establecer un índice de salud hídrica con lenguaje accesible, y renombrar la iniciativa para reflejar su verdadero alcance. El éxito de este proceso dependerá de si el legislativo tiene la voluntad de priorizar el interés público sobre la rentabilidad corporativa y de cerrar los vacíos que permiten eludir evaluaciones ambientales rigurosas.
Como ha expuesto el Dr. Francisco Landa en el Parlamento Abierto en su aporte para enfrentar el extractivismo hídrico en Querétaro, donde los acuíferos están sobreexplotados y comunidades como La Esperanza reciben agua solo dos días a la semana, se requiere un cambio de paradigma: pasar del modelo hidráulico centralista y opaco a una Gestión Integrada con participación ciudadana vinculante.
La Iniciativa Ciudadana de Ley de Agua propone, entre otros mecanismos, Contralorías Autónomas Ciudadanas para el monitoreo territorial, un Consejo Ciudadano del Agua con capacidad de fiscalización (no meramente consultivo), y brigadas comunitarias remuneradas. Landa advierte que la actual simulación participativa (consejos honorarios designados por el Ejecutivo) tiene un alto costo social, ya que terminan siendo parte del despojo, al buscar otros modos de “retribución” institucional. La apuesta es por una gobernanza transparente, remunerada, corresponsable y con inteligencia colectiva, única vía para que el desarrollo responsable que busca armonizar el derecho humano y prevenir los gravísimos conflictos que asoman por la disminución de la disponibilidad de agua consumible; este último punto es vital, gestionar la disponibilidad de agua consumible.
La era digital no puede construirse sobre una deuda hídrica. Querétaro se ha posicionado como el hub tecnológico de México, ocupando incluso el sexto lugar en América Latina según estudios recientes, pero un hub que desangra sus acuíferos no es progreso, es extractivismo con fibra óptica. El agua no es un insumo más; es un derecho y un bien del planeta. Si el Estado no impone transparencia, métricas reales y una clasificación regulatoria acorde con el impacto hidrológico, la nube digital de Querétaro terminará evaporando el futuro de sus comunidades. La lucha por el agua no es contra el desarrollo; es por un desarrollo que no deje sin agua a la comunidad.
