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Washington.— La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) está bajo investigación por una estrategia que permitió que importantes cargamentos de fentanilo continuaran su recorrido mientras los agentes seguían su movimiento para obtener información sobre organizaciones criminales.
La investigación fue abierta por integrantes republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Su presidente, James Comer, pidió al fiscal general Todd Blanche documentos sobre la práctica de vigilar determinados cargamentos sin decomisarlos de inmediato.
De acuerdo con documentos y testimonios revisados por The Associated Press, la estrategia buscaba utilizar los cargamentos como una forma de llegar hasta otros integrantes de las redes de narcotráfico, en lugar de detener únicamente a quienes transportaban la droga.
Revisan si la estrategia violó las reglas de seguridad
El caso cobró fuerza después de que denunciantes de la DEA en Nuevo México señalaran que agentes recibieron instrucciones para no intervenir ante cargamentos que contenían cientos de miles de pastillas de fentanilo.
Las denuncias plantean que esa práctica pudo contravenir reglas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades. Según AP, una directiva de 2017 establecía que el fentanilo debía ser incautado tan pronto como fuera posible, pero las reglas fueron modificadas en 2024.
La investigación también revisará si la práctica se aplicó únicamente en algunos casos o si tuvo un alcance mayor dentro de la DEA.
El inspector general del Departamento de Justicia realiza una revisión a nivel nacional para determinar hasta dónde llegó esta estrategia y si los agentes actuaron conforme a las normas vigentes.
El administrador de la DEA, Terry Cole, defendió el uso de estrategias de investigación para construir casos más amplios contra organizaciones criminales, aunque también respaldó la revisión del inspector general.
El caso ocurre mientras Estados Unidos mantiene al fentanilo como uno de los principales problemas de seguridad y salud pública, por lo que la investigación podría generar nuevas cuestionamientos sobre la forma en que las autoridades estadounidenses combaten el tráfico de esta droga.
