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Por Humberto Luna Marín
humberlunma@yahoo.com.mx
Hagamos una breve crónica de los Sistemas de Ahorro para las Pensiones:
En 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se creó el Fondo de Ahorro para el Retiro, que consistió en una aportación patronal del 2% del salario de las y los trabajadores, con ello se dio origen a un estado de cuenta del SAR compuesto por tres subcuentas a saber subcuenta de ahorro, subcuenta de ahorro voluntario y subcuenta de vivienda equivalente al 5% del salario, también aportación patronal, aunque esta última se había originado en abril de 1972.
Aquí cabe destacar dos aspectos de gran trascendencia y que pocos quieren mencionar;
Primero la subcuenta de vivienda de las y los trabajadores con aportaciones anteriores a 1992, apareció en ceros, sin ninguna explicación para las y los interesados, es decir que desaparecieron 20 años de aportaciones a los fondos de vivienda como por arte de magia.
Segundo los recursos de la subcuenta de ahorro para el retiro fueron depositados en una cuenta bancaria y administrados por unas áreas de la banca llamadas ICEFAS, por lo tanto no llegaron a las arcas del IMSS y un año más tarde a las del ISSSTE.
Otro hecho inédito e inaceptable fue la decisión de Carlos Salinas de Gortari de disponer del Fondo de Contingencia del Seguro Social. Hasta ahora nadie se ha atrevido a imitarlo.
En 1995 Ernesto Zedillo envió al Congreso de la Unión la iniciativa para reformar la Ley del IMSS, con el objetivo fundamental de imponer el sistema de pensiones de cuentas individuales, consistente en contribuciones definidas, pero beneficio indefinido en contraste con el régimen anterior de beneficio definido.
Vale la pena mencionar que de las tres o cuatro opciones de cuentas individuales que se pudieron haber elegido, se impuso la más lesiva a los intereses de los trabajadores, pues se adoptó el régimen impuesto a sangre y fuego en Chile durante la dictadura de Pinochet.
Otro dato a destacar es, que a pesar que la reforma a la Ley del IMSS se aprobó en 1995, el decreto para que entrara en vigor se publicó el 1º de julio de 1997, es decir, que los bancos tardaron dos años en entregar los fondos a las administradoras de fondos para el retiro AFORES, aunque varios de ellos continuaron en el nuevo esquema.
Vicente Fox fiel a su convicción anti obrera propuso y se aprobó que se dispusiera de 20 mil millones de pesos de las cuentas individuales inactivas para programas públicos, aunque con la aclaración de que las y los trabajadores podrían en el futuro reclamar su dinero.
Fox nombró director general del INFONAVIT a un ex alto ejecutivo de grupo Bancomer, con lo cual se aplicaron medidas que prácticamente impusieron los créditos cofinanciados, con lo cual los préstamos para vivienda se encarecieron y perjudicaron mayormente a los trabajadores de menos ingresos esta práctica violó el artículo 123 y la Ley de la vivienda que establecen que el crédito debe ser suficiente y barato. Vale la pena recordar la adquisición de cartera vencida del Instituto de vivienda por parte de los hijos de la señora Martha Sahagún.
En 2007 diez años después de la reforma de Zedillo al IMSS, Felipe Calderón impuso la reforma a la Ley del ISSSTE, no obstante Calderón se encontró con el repudio de un amplio sector de los trabajadores al servicio del estado, puesto que miles de trabajadores encabezados por el magisterio organizado en la CNTE, a los que se sumaron sindicatos universitarios y muchos más hasta acumularse más de un millón de amparos contra la reforma.
Esta lucha logró que la gran mayoría de los trabajadores al servicio del estado que en ese momento estaban en activo rechazaran el régimen de cuentas individuales, hablamos de por lo menos el 90% que no aceptaron las cuentas individuales, esto puede considerarse un triunfo para los trabajadores.
Sin embargo Calderón tuvo otra oportunidad para perjudicar a los trabajadores y así fue como en 2009 se aprobó una reforma a la Ley del SAR, consistente en adicionar el artículo 44 Bis para dejar sin efecto el artículo 44 relativo a las minusvalías, que de acuerdo con este último deben ser pagadas por las siefores y afores con su fondo de contingencia o incluso con el capital de la afore. La indebida aplicación de este artículo le ha costado a los trabajadores hasta agosto de 2022 la suma de 473 mil millones.
Otra decisión autoritaria de Calderón fue la infundada negativa de entregar a los trabajadores que se pensionaban los recursos de las subcuentas de retiro y vivienda, por lo cual tuvieron que demandar a las afores, llegando a sumarse cerca de 120 mil demandas, esto le ocasionó a los trabajadores un desembolso de entre el 20 y el 30% por concepto de honorarios para los abogados, cuando esos recursos debieron ser entregados con un simple trámite administrativo.
Otra acción en contra de los trabajadores de parte del gobierno de Calderón fue, la reforma a la Ley Federal del Trabajo que facilitaba y abarataba los despidos de las y los trabajadores.
En cuanto al INFONAVIT Calderón ratificó al director general, quien obviamente continuó con la política de encarecimiento del crédito para la vivienda de los trabajadores con altísimos intereses, ocasionando que los créditos se volvieran impagables con saldos insolutos que en vez de disminuir se incrementaron de manera interminable. Este fenómeno se replicó en el FOVISSSTE.
Como era de esperarse con Calderón, las minusvalías de los fondos de retiro presentaron grandes sumas de miles de millones de pesos.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se presentaron las minusvalías más cuantiosas en la historia de las afores, producto de inversiones supuestamente erróneas pero sistemáticas. Llama la atención que en todo el sexenio ni la CONSAR ni el Comité de Análisis de Riesgos, cumplieron con la Ley ni obligaron a cumplir a las afores y siefores con las disposiciones, siendo varios los artículos violados, ocasionando un alto costo económico para los inversionistas que no son otros que los trabajadores asalariados.
Al gobierno de la 4T le correspondió en julio de 2021 recibir a la primera generación de trabajadores de cuentas individuales del sistema IMSS, por esa razón López Obrador propuso la reforma al sistema de pensiones en 2020, en aquella ocasión dijimos que la reforma había sido incompleta, ésta se implementó para resolver el problema inmediato de quienes estaban a punto de pensionarse y que muchos de esos trabajadores no contaban con el requisito de las 1250 semanas cotizadas y tampoco acumulaban el fondo suficiente para alcanzar la pensión garantizada de un salario mínimo de 1997 actualizado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Por tanto se redujo el número de semanas a 750 para ese año, mismo que se irá incrementando hasta llegar a 1000 semanas en 2030; sin embargo un gran número de trabajadores apenas logró la pensión mínima gracias al subsidio del Gobierno Federal.
Con la reforma del 2020 se incrementó la cuota social del gobierno en mayor proporción para los salarios más bajos, que son la gran mayoría. Mientras que las aportaciones por parte del sector patronal los incrementos fueron a la inversa; por cierto la cuota de los trabajadores es muy baja, apenas el 1.125 del salario base de cotización para Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
En relación a las pensiones del sistema ISSSTE del DÉCIMO transitorio: son las únicas que pagan el 100% del último sueldo, aunque con los siguientes inconvenientes
1.-Con la ley de la UMA se estableció el tope de 10 umas cuando el anterior era de 10 salarios mínimos.
2.-Se dejo de pagar el sobresueldo y la compensación, a pesar de que lo ordena el artículo TRIGESIMO QUINTO transitorio.
3.-Aunque no necesariamente se puede considerar inconveniente, vale la pena comentar que los trabajadores del sistema ISSSTE cotizan el 6.125 % del sueldo básico, en contraste con el 1.125 % de los trabajadores del sistema IMSS para el concepto de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
Es importante o al menos necesario destacar que hasta el último trimestre de 2023 las comisiones cobradas por las afores llegaron a menos del 50% de lo que se pagaba al último trimestre de Peña Nieto, otro dato importante es que el mismo trimestre de Peña Nieto según informe de la CONSAR la inversión en deuda llegó al 71.5% del monto de la cartera total, mientras que en el último trimestre de 2023 la inversión en deuda nos reporta 50.00 %.
Ahora bien la propuesta de López Obrador de pagar el 100 % del último salario recibido, parece inviable, si nos remontamos a las pensiones históricas nos encontramos que con la Ley del IMSS de 1943 y con los requisitos de 700 semanas cotizadas y 60 años de edad se pagaba una pensión de Cesantía en Edad Avanzada de un 80 % del salario promedio de las últimas 250 semanas más o menos y, con 700 semanas reconocidas y 65 años de edad se lograba el 100 % del promedio de las últimas 250 semanas. En la Ley de 1973 se redujo el número de semanas cotizadas a 500 aunque los porcentajes continuaron siendo los mismos.
Es pertinente señalar que la administración de la 4T ha continuado aplicando la ley de la UMA como parámetro del pago de cuotas y aportaciones, así como del pago de las pensiones incluso las que fueron otorgadas antes de la aprobación de dicha Ley, lo cual constituye una violación a los derechos humanos de los pensionistas, esta violación fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Otra práctica en perjuicio de las y los trabajadores consiste en no derogar el artículo 44 Bis de la Ley del SAR.
La CONSAR y el Comité de Riesgos de Inversión han permitido que se violen diversos artículos de la ley del SAR que repercuten en la falta de transparencia de los estados de cuenta.
Al principio de la administración de la 4T se llegó al absurdo de nombrar presidente de la CONSAR al expresidente de la AMAFORE, afortunadamente fue removido del cargo.
El cobro de las cuotas y aportaciones en umas que ocasionan una disminución de ingresos en las arcas de las instituciones de seguridad social; en este renglón también juegan un papel importante la corrupción e ineficiencia de los inspectores del Seguro Social y del trabajo.
El tema de las pensiones es probablemente el problema fiscal más delicado de la actual administración y de las futuras administraciones, se habla mucho y con razón de personas trabajadoras de la economía informal o social, pero nos callamos en el caso de los sistemas de pensiones de las entidades federativas, por cierto todos con números rojos, además de los otros sistemas de pensiones ajenos al IMSS y al ISSSTE, de los cuales el de PEMEX tiene un pasivo laboral superior a los DOS BILLONES DE PESOS.
Concluyendo:
Estamos de acuerdo en revisar los sistemas de pensiones y buscar la mejor alternativa.
Se mencionan los factores de esperanza de vida y envejecimiento de la población pero no se alude a la miserable política salarial de los últimos 40 años, previos a 2019.
Se carece de una política industrial y la clase empresarial mexicana, con raras excepciones, no invierte ni incursiona en la economía del conocimiento, tenemos encima la biotecnología y la inteligencia artificial.
Tenemos que empezar a discutir la posibilidad de la renta básica universal, en un país como el nuestro donde los niveles de ganancia son altísimos debería aplicarse una política fiscal para que estos concentradores de la riqueza paguen impuestos adecuados, México es uno de los países de la OCDE que menos recauda.
Por último queda una pregunta ¿Por qué si PENSIONISSSTE cobra las comisiones más bajas, no reporta pérdidas y en consecuencia da más rendimientos , no se le promueve?
