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Por Bertha Castro
El morenismo y su evasión del marco legal. La grilla por encima de todo.
En Morena existe algo que muchos critican cuando no les beneficia, pero que todos han utilizado cuando les favorece: el centralismo. No es otra cosa que la construcción de acuerdos políticos desde el centro del poder nacional para definir candidaturas, equilibrios y estrategias territoriales.
Así ha funcionado Morena desde su consolidación como movimiento y así han llegado múltiples actores políticos a posiciones de poder, en los congresos, en los gobiernos y en el partido. Guerrero es clara muestra de ello.
Por eso resulta contradictorio observar cómo hoy distintos grupos internos pretenden descalificar anticipadamente la posibilidad de que Esthela Damián Peralta pueda aspirar legítimamente a una candidatura, utilizando argumentos más emocionales que jurídicos, más facciosos que democráticos y, sobre todo, profundamente incongruentes con la historia política reciente del propio movimiento.
Uno de los principales ataques gira alrededor de la idea de que Esthela Damián “no puede” participar porque vivió fuera de Guerrero. ¿Desde cuándo Guerrero es una república aparte de México? Porque lo que debe importar en cualquier democracia seria no es el prejuicio político ni la narrativa de grupo, sino el cumplimiento de la ley.
La propia Constitución Política del Estado de Guerrero establece claramente los requisitos para aspirar al cargo de gubernatura, y en ninguno de sus apartados se determina que una persona pierde su calidad de guerrerense por estudiar, trabajar o desarrollarse profesionalmente fuera del estado. La movilidad es un derecho constitucional. Miles de guerrerenses migran todos los años por razones académicas, económicas o laborales, y eso no los convierte automáticamente en ajenos a su tierra.
De hecho, la Constitución local reconoce la calidad de ciudadano guerrerense incluso para quienes han residido fuera de la entidad, siempre y cuando cumplan con los criterios legales correspondientes. Es decir, el debate debería centrarse en si una persona cumple o no los requisitos constitucionales, no en criterios inventados desde la opinión facciosa.
Porque si el argumento ahora es que “vivir fuera” invalida políticamente a alguien, entonces habría que recordar también que César Núñez Ramos, el referente de la corriente nuñizta, pasó alrededor de cuatro décadas fuera de Guerrero. Y eso nunca fue utilizado como argumento para negarle legitimidad política y su aspiración a ser senador en 2018. Entonces el problema no es la residencia, el problema es contra quién se aplica el criterio.
Lo mismo ocurre con el señalamiento de que militó anteriormente en Movimiento Ciudadano y que, por ello, “no representa” los principios de Morena. El problema con ese discurso es que la historia política reciente de Guerrero lo desmonta por completo. Movimiento Ciudadano, antes Convergencia Democrática acompañó al obradorismo por casi 15 años hasta la fundación de morena.
Pero además ¿Acaso ya olvidaron que Félix Salgado Macedonio formó parte del Partido de la Revolución Democrática hasta 2018? ¿O que Cayetano también militó en el PRD? ¿O que Iván Hernández Díaz tuvo origen político en el PRI? ¿O que Beatriz Mojica Morga mantuvo durante años posiciones contrarias al movimiento que hoy representa? ¿Olvidan el pasado priista y emecista de Mario Moreno? ¿Olvidan la militancia perredista de Marcial Rodríguez, Abelina López, Guadalupe Eguiluz, Alberto López Rosas y otros aspirantes a ser postulados por morena?¿Acaso se olvida que la propia gobernadora tuvo un cargo menor en una administración priista antes de llegar al cargo que hoy ostenta?
Morena, como movimiento amplio, ha integrado perfiles provenientes de distintas corrientes políticas. Esa ha sido precisamente una de sus características fundamentales desde la construcción encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo y anteriormente por Andrés Manuel López Obrador. Por eso resulta profundamente incongruente utilizar como mecanismo de exclusión algo que prácticamente todos los grupos internos han vivido en carne propia.
Vale la pena recordar que Morena nunca fue un partido construido desde la pureza ideológica absoluta. Fue un movimiento construido desde la suma política basado en una enorme y en ocasiones contradictoria pluralidad.
Contra Esthela se repite también el argumento de que “no conoce el territorio”. Pero si el criterio para gobernar fuera únicamente recorrer municipios o tomarse fotografías regionales, entonces varios de los perfiles que actualmente aspiran tampoco podrían sostener con honestidad que conocen a profundidad todo Guerrero.
Gobernar no depende exclusivamente de geografía política, depende de capacidad, estructura, formación, operación y visión de estado.
Y aquí vale la pena regresar al punto central, en una democracia constitucional los derechos políticos no se determinan por campañas de descalificación ni por grupos internos, sino por la ley. Los requisitos para aspirar a la gubernatura de Guerrero son claros: ser ciudadana mexicana, guerrerense, cumplir con la edad constitucional requerida, estar en pleno ejercicio de sus derechos y satisfacer las condiciones legales establecidas por la Constitución local. Eso es lo verdaderamente importante.
Después, será la ciudadanía quien decida si respalda o no una candidatura. Pero nadie puede pretender cancelar anticipadamente un derecho político basándose en criterios subjetivos o selectivos.
Además, existe otra contradicción todavía más profunda. Muchos de quienes hoy critican una posible decisión “centralista” respecto a Esthela Damián son, precisamente, producto directo de acuerdos construidos desde el centro nacional de Morena.
Porque es importante recordar algo, gran parte de las figuras políticas relevantes de Morena en Guerrero son resultado directo de decisiones nacionales.
Abelina López Rodríguez no habría llegado a la presidencia municipal de Acapulco sin acuerdos políticos construidos desde el centro del país. Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica Morga no habrían llegado al Senado sin definiciones nacionales.
Jacinto González Varona no sería hoy una figura central dentro de Morena Guerrero sin respaldo construido desde una corriente política nacional.
Incluso Iván Hernández Díaz ocupa una posición administrativa derivada de decisiones políticas tomadas desde el centro ante la salida de Pablo Amílcar. En la gran mayoría de los casos, ni siquiera se consideraron capacidades o trayectorias, solo decisiones centralistas en acuerdos de grupo.
Entonces, ¿con qué autoridad política o moral puede cuestionarse ahora una posible definición nacional distinta?
Lo que hoy algunos llaman “imposición”, ayer lo llamaban “unidad”. Lo que hoy denuncian como “centralismo”, ayer lo celebraban como “acuerdo político”. La diferencia no está en el método, la diferencia está en si el resultado les beneficia o no.
En el fondo, muchos de estos ataques no solamente terminan dirigidos contra Esthela Damián, también terminan cuestionando indirectamente la conducción política nacional de la propia presidenta Claudia Sheinbaum y el modelo de construcción política que Morena ha utilizado desde hace años.
Porque Morena nunca ha sido un movimiento de élites regionales aisladas. Ha sido un proyecto nacional con conducción política nacional. Y quienes hoy forman parte del poder en Guerrero llegaron ahí, en buena medida, gracias a esa misma lógica que ahora intentan deslegitimar.
Por eso el debate debería abandonar la descalificación simplista y regresar a lo verdaderamente importante, la legalidad, la congruencia y el respeto a los derechos políticos. Porque en democracia no debería importar quién grita más dentro de un grupo, sino quién cumple con la ley y quién tiene la capacidad de convencer finalmente al pueblo de Guerrero.
No se puede defender al centralismo cuando favorece a determinados grupos y condenarlo cuando favorece a otros. No se puede aplaudir la decisión nacional cuando coloca aliados propios y denunciar “imposición” cuando aparecen perfiles distintos. Y no se puede hablar de unidad mientras se promueven campañas internas basadas en descalificaciones selectivas, argumentos jurídicamente débiles y una memoria política convenientemente corta.
En realidad, los grupos inconformes con la propuesta de alguien evidentemente cercana a Sheinbaum, son exactamente los mismos y actúan inequívocamente igual que hace seis años, cuando con guerra sucia descarrilaron a Pablo Amílcar que era la propuesta de AMLO.
