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Por: Eduardo Serna
Opinión.- Un conflicto que inició sexenios atrás nos va a estallar en las manos. Un proyecto que presenta graves irregularidades, omisión de información y muchísimo dinero extranjero presionando.
Para hacer un poco de contexto y establecer que México está sometido a las mismas injerencias comerciales que hay también en otras latitudes, podemos echar un vistazo al caso en Albania. Lo que ocurre en Albania no es un hecho aislado: es el mismo patrón que vemos en la Bahía de Ohuira (aunque en distintos giros). Allá, un megaproyecto turístico de Jared Kushner (el yerno de Donald Trump) y oligarcas qataríes intenta privatizar una costa protegida; acá, una planta de amoniaco de capital extranjero se impone sobre un sitio Ramsar, ignorando la oposición de las comunidades yoreme-mayo, que sí habitan en el territorio (ojo con este dato).
En ambos sitios, las voces locales claman “Aquí no”. Mientras la justicia en Albania tiene las cuentas congeladas de los extranjeros; en México, con una consulta ordenada por la SCJN (que aún no se cumple) se intenta poner freno a la misma lógica: la de un desarrollo que beneficia a unos pocos y sacrifica a la naturaleza y al pueblo. Aquí es prudente señalar una diferencia clave: el poder de las manifestaciones en la calle. Mientras en Albania miles salieron a protestar, aquí las protestas han sido solo de las comunidades indígenas y de pescadores, que serán los principales afectados, pero son un número reducido.
En la investigación que les presento hay situaciones de interés nacional. Se está hablando mucho sobre este tema, pero se están dejando de lado puntos vitales que repercutirán no solo en Ohuira, sino en todo el país. Hay detalles técnicos necesarios para ilustrar de manera factual dichas repercusiones.
La consulta indígena
El proceso de consulta revela una contradicción central: el gobierno federal consultó a 15 comunidades, pero las cuatro que habitan la Bahía de Ohuira (Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos) son las únicas que enfrentan el impacto directo de la planta, y en tres de ellas hubooposición clara; la propia comunidad de Lázaro Cárdenas interpuso el amparo que llegó a la Suprema Corte.
Mientras tanto, las 11 comunidades que manifestaron su consentimiento se encuentran a más de 45 kilómetros de distancia, fuera del radio de afectación. Esta segmentación es precisamente la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada que la SCJN ordenó subsanar en el Amparo en Revisión 498/2021, pues se escucha mayoritariamente a quienes no serán afectados para imponer el megaproyecto a quienes sí lo serán. La secretaria de SEMARNAT, Alicia Bárcena, se comprometió a dialogar con las comunidades, mismas que siguen esperando.
¿Fertilizantes para el campo mexicano?
Con un 88% de avance físico (sin haber obtenido los permisos adecuadamente) y una inversión de mil quinientos millones de dólares, la planta de amoniaco anhidro de Topolobampo, Sinaloa, es promocionada por sus desarrolladores como la planta “merchant” más grande de América Latina, con capacidad nominal de 2,200 toneladas por día, equivalentes a unas 800,000 toneladas anuales, y un almacenamiento en sitio de 75,000 toneladas.
La palabra “merchant” es la clave técnica que suele pasar desapercibida en la conversación pública: en la industria química, una planta “merchant” es la que vende la totalidad de su producción en el mercado abierto, a quien pague más, en el momento que más convenga a sus dueños; es decir, no es para consumo interno de México. Es lo opuesto a una planta integrada o “captive”, como las que Pemex opera en Cosoleacaque o Camargo, donde el amoniaco se consume en el paíspara producir urea, fertilizantes o explosivos, y rara vez se oferta al mercado.
La planta de Topolobampo es “merchant” por diseño: la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en su Modalidad Regional, folio 25SI2013I0017, y la autorización SEMARNAT SGPA/DGIRA/DG-03576 del 21 de abril de 2014 autorizan expresamente la producción de amoniaco anhidro “para su comercialización” (Corte resolutiva del Amparo en Revisión 498/2021; MIA-R pública SEMARNAT, expediente 25SI2018I0078; engroses de la SCJN sobre el caso).
El contrato de Koch-GPO no es público, pero un análisis de fuentes sectoriales (BC Insight, Rosa LuxemburgStiftung) apunta a que la producción pudo haber sido comprometida con Koch Fertilizer LLC desde el origen. Por otro lado, la legislación mexicana no establece derecho preferente de abasto interno. La consecuencia operativa es que la narrativa oficial de “fertilizantes para el campo mexicano” se contradice con el modelo de negocios: la planta no genera soberanía productiva para México porque, en los hechos, la producción no se queda.
El capital y sus operadores
Ahora hablemos de los capitales, que es donde el proyecto muestra su verdadera naturaleza. La estructura de propiedad está concentrada en cuatro actores extranjeros y un socio operativo local. Proman AG, la controladora, tiene su sede corporativa en Wollerau, cantón de Schwyz, Suiza, donde se identifica a David Cassidy como director general. Aunque la operación histórica del grupo se concentra en Trinidad y Tobago desde 1984, la matriz corporativa y, por tanto, el domicilio fiscal al que fluyen utilidades, dividendos y regalías, es suizo.
El brazo operativo en México es Gas y Petroquímica de Occidente, S.A. de C.V. (GPO), filial mexicana de Proman AG, registrada como empresa local del proyecto, no como dueña de él (Rosa LuxemburgStiftung México; el comunicado de cierre financiero de Proman del 18 de septiembre de 2023, firmado en Wollerau, así lo confirma). Luego está ThyssenkruppUhde, la ingeniería alemana dueña de la tecnología con la que se construyó la planta, ejecutó el contrato EPC y licenció el proceso; Uhde es la firma que ha diseñado la mayoría de las plantas de amoniaco world-scale del mundo, y cobra regalías tecnológicas por cada tonelada producida, según el comunicado (thyssenkruppUhde, comunicado oficial de prensa, “thyssenkruppUhde and Promanembarkonhighlyefficientworld-scaleammoniaplant”).
El supuesto comprador principal, Koch Fertilizer LLC, es la división agroindustrial de Koch Ag &EnergySolutions LLC, a su vez parte de Koch Industries, Inc., con sede en Wichita, Kansas; según Forbes, Koch Industries es una de las mayores empresas privadas de Estados Unidos, y Koch Fertilizer distribuye más de 10 millones de toneladasde producto al año. Su chairman y codirector ejecutivo es Charles Koch, financista histórico del movimiento libertarian estadounidense, fundador de AmericansforProsperity y operador de una de las redes de cabildeo e influencia política más extensas y mejor financiadas de Washington. Koch Industries posee, además, sus propias reservas de gas natural en Estados Unidos y opera plantas de amoniaco en Enid, Oklahoma, y Dodge City, Kansas, entre otras.
Que Koch le compre amoniaco a una planta en México, en lugar de producirlo, solo es un indicio fuerte de que el gas mexicano (ojo con este dato), y las condiciones contractuales le son más competitivos que su propia estructura de costos en tierra estadounidense, lo que nos lleva al otro capítulo de la transacción.
El debate sobre un posible subsidio encubierto
Hablemos del contrato de gas. Su estructura ha sido señalada por organizaciones civiles como un posible subsidio encubierto al capital extranjero. Si bien no existe una resolución administrativa o judicial que declare formalmente la existencia de un subsidio, diversos analistas coinciden en que las condiciones pactadas podrían implicar una ventaja económica para el proyecto, a costa del erario público.
En enero de 2018, GPO, G2X Energy y CFEnergía, la comercializadora de gas de la Comisión Federal de Electricidad, firmaron un contrato de transporte y suministro de gas natural a 15 años por 81,000 MMBtu por día, suficiente para alimentar la planta (comunicado oficial de PR Newswire del 10 de enero de 2018, “GPO, G2X And CFEnAnnounce Natural Gas TransportationContract”). El comunicado describe el gas como “clean natural gas sourceddomesticallyorfromelsewhere in North America”, lo que confirma la indexación a mercados internacionales y no al costo de oportunidad del recurso nacional. En un contrato take-or-pay, el comprador paga un volumen mínimo independientemente de si lo consume o no; si no lo consume, la pérdida la asume el vendedor, que en este caso es la nación mexicana a través de CFE.
En la práctica, si el precio internacional del gas sube (como ocurrió en 2021-2022, cuando el Henry Hub estadounidense y el TTF europeo se dispararon), la estructuratake-or-pay podría permitir que GPO se beneficie de un precio contractual inferior al de mercado, y la diferencia correría a cargo de CFE, y por tanto del erario público. Si el gas baja, el modelo actual no contempla un mecanismo de reintegro al Estado mexicano.
Por ello, diversas voces especializadas han calificado este esquema como un subsidio estructural de facto, aunque no esté etiquetado como tal en la legislación aplicable. La planta, además, no paga regalías petroleras significativas por el gas usado en procesos petroquímicos, lo que vacía de contenido la retórica de “aprovechamiento soberano del recurso”. El gas mexicano es un recurso del Estado, extraído en campos que pertenecen a la Nación por Pemex y por operadores privados bajo asignaciones y contratos, vendido por el Estado a un precio que, en muchos casos, está por debajo del Henry Hub o indexado con descuentos diseñados para atraer inversión.
Es importante señalar que el contrato completo entre CFEnergía y GPO no es público en sus términos de precio, por lo que el análisis del posible subsidio se basa en la estructura del acuerdo y en declaraciones públicas de las partes, no en el documento íntegro. Pero aquí nos damos cuenta que el asunto adquiere matices que no se abordan.
Funcionarios implicados en la aprobación de la planta
Sobre los funcionarios que aprobaron el proyecto, la información disponible sitúa el proceso regulatorio en dos sexenios. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se otorgó la MIA-R original y se firmó el contrato de gas, la autorización SEMARNAT SGPA/DGIRA/DG-03576 del 21 de abril de 2014 fue firmada por Cuauhtémoc Ochoa Fernández, entonces subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, y copiada a Rafael Pacchiano Alamán, quien se desempeñaba en la misma subsecretaría y que después, entre 2015 y 2018, ascendió a secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 2014, donde aparece la firma conjunta; Informe de Actividades del Senado de la República, LXIII Legislatura, junio de 2018, que identifica a Pacchiano como Secretario de SEMARNAT). Pacchiano dejó el cargo al final del sexenio y se vinculó al sector privado como consultor ambiental, en un caso de puerta giratoria que ha sido documentado. La Secretaría de Energía (SENER) estuvo a cargo de Pedro Joaquín Coldwell durante todo el sexenio, y fue la dependencia responsable del marco regulatorio y de la planeación energética del proyecto.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) fue presidida por Guillermo García Alcocer entre 2014 y 2018, y reguló el transporte y las condiciones de suministro de gas natural. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) fue presidida por Juan Carlos Zepeda Molina en el mismo periodo, con jurisdicción sobre la producción y la logística de gas natural. La firma del contrato de gas del 10 de enero de 2018 la realizó José Antonio López Mata, entonces director de CFEnergía.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto atravesó una revisión de permisos: SEMARNAT, a cargo de Víctor Toledo Manzur entre 2019 y 2020, abrió una revisión de los permisos de construcción de la planta,tras oponerse las comunidades locales; Toledo externó públicamente sus reservas; sin embargo, la revisión no derivó en cancelación y la construcción continuó. Toledo fue reemplazado en agosto de 2020 por María Luisa Albores González, cuya gestión (2020-2024) tampoco detuvo el proyecto.
La SENER, para ese entonces a cargo de Rocío Nahle García (2018-2024), mantuvo la vigencia de los contratos de gas y no objetó públicamente la operación. En octubre de 2020, KfW IPEX-Bank, banco alemán de desarrollo, suscribió la financiación del proyecto, comprometiéndose a evaluar el cumplimiento ambiental (Carta de KfW IPEX-Bank al OHCHR del 19 de septiembre de 2025; comunicación pública de GPO al OHCHR de la misma fecha).
En el sexenio de Claudia Sheinbaum, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en abril de 2023 el Amparo en Revisión 498/2021 (ponente Alberto Pérez Dayán, cinco votos), confirmando que la autorización de la MIA-R de 2014 violó el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas yoreme-mayo, y ordenando la realización de una consulta indígena conforme a estándares constitucionales e internacionales (engrose de la SCJN en el expediente 2/2021-2; comunicado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OHCHR; revista Iuris Tantum de la Universidad Anáhuac, análisis de la sentencia). A la fecha, la consulta ordenada por la Corte no se ha realizado en condiciones que los pueblos indígenas hayan aceptado como legítimas. Reitero: la secretaria de SEMARNAT, Alicia Bárcena, se comprometió a dialogar con las comunidades, mismas que siguen esperando.
Tecnología extranjera y albañiles nacionales
La maquinaria y la tecnología también tienen nacionalidad, y no es mexicana. El proceso Uhde dual-pressure de thyssenkrupp es un diseño de décadas de evolución, de propiedad intelectual alemana; las turbomasas críticas, los compresores de proceso, los reactores de alta presión y los sistemas de control distribuido son típicamente fabricados en Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos. La construcción de la planta en Topolobampo contrató mano de obra mexicana, sobre todo en las fases de obra civil y montaje, pero los equipos principales, las licencias, la ingeniería de detalle y la puesta en marcha son importados. El valor agregado mexicano se queda, como en las maquiladoras, en la mano de obra. Una planta moderna de amoniaco de este tamaño requiere entre 80 y 120 operadores altamente capacitados en operación, y no los miles de empleos que se prometieron.
Riesgos reales del proyecto
La planta se levanta dentro del polígono del sitio Ramsar número 1337 (Sistema Lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira), humedal de importancia internacional reconocido por la Convención de Ramsar desde 2004, y la bahía de Ohuira sostiene pesquerías de camarón y ostión, entre otros, de las que dependen las cuatro comunidades que se oponen. El amoniaco anhidro es inflamable, tóxico y potencialmente explosivo, y una planta con 75,000 toneladas de almacenamiento en sitio supera por mucho el radio de afectación de accidentes como la explosión de West Fertilizer en Texas (2013, 15 muertos) o la explosión de AZF en Toulouse (2001, 31 muertos); los modelos de dispersión incluidos en la propia MIA-R reconocen un radio de afectación potencial de varios kilómetros que incluye a las comunidades pesqueras. La planta consume aproximadamente 2,000 metros cúbicos de agua por día (QCIntel, “Mexicocommitted to protection of OhuiraBay”), en un acuífero sinaloense ya estresado por la agricultura intensiva.Una planta world-scale de amoniaco emite en el orden de 1.5 a 2 millones de toneladas de CO₂ al año, una cifra consistente con los rangos típicos de la industria; esto es una importante huella de carbono en tiempos del cambio climático, sin contar el daño irreparable a la fauna marina.
Segundo, los sociales:
Pescadores de Ohuira y Topolobampo han documentado afectaciones durante la fase de construcción, incluyendo ruido, turbidez del agua y restricción de acceso al mar, y han solicitado audiencias ante la CIDH y relatores de la ONU (Causa Natura Media, ibid.; OHCHR, ibid.). La afectación a la economía local, sostenida principalmente de la pesca, prevé una causal de desplazamiento forzado de las cuatro comunidades afectadas.
Tercero, los económicos y estratégicos
Aunque el discurso oficial habla de fertilizantes, la producción es “merchant” y va prioritariamente al mercado internacional; México sigue siendo un país importador neto de urea, principalmente de Rusia y China, y la planta no cambia esa dependencia estructural. El 70% u 80% del costo de producción del amoniaco es energético, por lo que los contratos a 15 años en condiciones preferentes exponen al erario público a pérdidas en escenarios de alza del gas, como ya ocurrió en 2021-2022.
Cuarto, los geopolíticos
Koch Industries no es cualquier comprador; es uno de los grupos más políticamente activos de Estados Unidos. Por otra parte, concentrar las exportaciones de un solo producto como el amoniaco, que es un precursor directo de explosivos y un químico de uso dual, plantea por sí mismo interrogantes desde una perspectiva de planificación estratégica y dependencia comercial para México.
Quinto, los riesgos legales y de cancelación
La SCJN ordenó en 2023 una consulta indígena que no se ha realizado conforme a estándares constitucionales, y ese incumplimiento es base jurídica para una eventual suspensión de operaciones. De aprobarse el proyecto, quedarían serias dudas sobre la actuación de la corte frente a las comunidades indígenas.
Si el proyecto se cancela por incumplimiento ambiental o por la consulta indígena ordenada por la SCJN, GPO puede exigir indemnizaciones al Estado mexicano bajo el capítulo de protección de inversiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), junto con el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) entre México y Estados Unidos; estos otorgan a las empresas extranjeras mecanismos de arbitraje que permiten demandar al Estado mexicano si sus ganancias se ven afectadas por medidas ambientales o sociales, blindando de facto al capital frente al interés público. CFE puede quedar atrapada en el contrato take-or-pay de gas y obligar al erario público a pagar volúmenes no consumidos, y los financiadores, entre ellos KfW IPEX-Bank, ejecutarían garantías.
Conclusiones crudas
Entonces, si México pone el gas, el agua, el territorio, la bahía natural protegida, los permisos, la fuerza laboral de construcción y el riesgo regulatorio, y la mayor parte de las ganancias se van a Suiza, Alemania y Estados Unidos, y además la producción no se queda en el país, es más que pertinente preguntarnos: ¿de quién es el desarrollo exactamente?
La planta de Topolobampo no es soberanía productiva; es, técnicamente, una maquila de alta tecnología que extrae valor de los recursos naturales de México, lo procesa con tecnología alemana, lo financia con capital internacional y lo entrega a compradores extranjeros, dejando a cambio algunos empleos operativos, impuestos corporativos estándarfrancamente bajos en comparación con los riesgos,y la promesa, nunca escrita, de que algo se nos quedará.
Como siempre, los invito a reflexionar y a apoyar a Ohuira.
