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Por: Eduardo Serna
Hace unas semanas, a raíz de dos sucesos, el tema de las desapariciones forzadas ocupó los reflectores nacionales. Primero, porque desde la mañanera la Comisión Nacional de Búsqueda expuso los avances que, a grandes rasgos, fue una “danza de cifras y nomenclaturas”. Posteriormente, la ONU presentó un informe sobre las desapariciones forzadas; dicho informe fue retomado por la oportunista oposición, pues toman lo que sea para el golpeteo, solo así se dan a notar.
El informe internacional y sus implicaciones
Sin embargo, con este informe sí se entra en un terreno pantanoso, donde hay que ser cautelosos. Al ser un informe de índole internacional sirve también para golpear a México en los medios estadounidenses, junto con el gabinete nefasto de ese país, para justificar una posible injerencia o intervención militar. Eso no quiere decir que el informe, pese a estar basado en estadísticas de sexenios anteriores a la 4T, no tenga valor; sí que lo tiene ya que los desaparecidos siguen causando dolor a las familias, sin importar qué grupo político esté en el gobierno y tenga la responsabilidad de traernos justicia.
La postura oficial frente a la desaparición forzada
La presidenta fue muy enfática en decir que no se trata de desaparición forzada, porque ese término, según el derecho internacional, se aplica solo a los desaparecidos por el aparato del Estado. Pero estas semanas han salido notas que contradicen sustancialmente lo dicho por la presidenta. Por ejemplo, en Oaxaca, durante el periodo del gobernador morenista Salomón Jara, van más de 30 activistas y defensores de la tierra asesinados. Si nos vamos a las cifras nacionales, la cosa se pone peor. Y no es un asunto de colores partidistas: en Guanajuato, gobernado por el PAN, han asesinado al menos a 4 activistas en los últimos cuatro años; en Jalisco, con gobierno de Movimiento Ciudadano, la cifra supera los 7. El patrón se repite sin importar el partido político, ya sea a nivel federal, estatal o municipal.
Violencia persistente contra defensores del territorio
Se podría decir entonces que, efectivamente, el Estado y el ejército ya no ejercen violencia por concepto de “represión política ideológica”. Pero a los activistas y defensores de la tierra se les continúa agrediendo y asesinando para consolidar despojos. Todo esto en el marco de los megaproyectos que van en detrimento de comunidades indígenas, de población rural, de la fauna y de la flora local. No existen sentencias judiciales que prueben un contubernio formal entre empresas y funcionarios, pero sí decenas de carpetas de investigación engavetadas, peritajes oficiales que nunca llegan y órdenes de protección que se otorgan y se incumplen. Esa inacción sistemática, en los tres niveles de gobierno, es la que permite que el despojo avance y a la par aparezcan los cadáveres. Esas entonces sí serían desapariciones forzadas hechas por el necrocapitalismo, utilizando a privados y al Estado mismo, por acción directa, omisión o negligencia, en absoluto agravio de la soberanía constitucional.
Cifras recientes y casos concretos
En 2024, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, fueron asesinados o desaparecidos 25 defensores de la tierra y el medio ambiente en México, lo que representó un incremento del 25 por ciento respecto al año anterior. Pero eso es solo la punta del iceberg que se prefiere ignorar cuando conviene. En Michoacán, Roberto Chávez, miembro del Comité de Defensa Ambiental de El Zangarro, fue ejecutado a balazos la noche del 12 de abril mientras dormía en su casa: defendía los bosques y el agua de su comunidad contra la tala ilegal y los narcos que operan en la Sierra.
Violencia reciente en Michoacán
Y en ese mismo Michoacán, apenas el 14 de abril, al ambientalista Lázaro Mendoza lo levantaron de su comunidad, Paramuén, y horas después lo encontraron calcinado dentro de un vehículo en El Cungo. Las pruebas de ADN confirmaron lo que ya se sabía: otro defensor de la tierra ejecutado, otro territorio que se defiende con la vida, otra ausencia que el Estado prefiere no llamar desaparición forzada. Técnicamente, la presidenta tiene razón, estos no son casos de desaparición forzada en el sentido estricto del derecho internacional, porque no hay una detención ilegal perpetrada directamente por agentes estatales que luego la nieguen. Pero cuando la policía municipal, estatal o la Guardia Nacional reciben un reporte de amenazas y no actúan, cuando el Ministerio Público archiva las denuncias, cuando las órdenes de protección se quedan en papel, entonces el Estado se convierte en cómplice por omisión. Y esa complicidad, aunque no quepa en la definición jurídica, produce el mismo resultado: un defensor que desaparece o es asesinado, y un sistema que lo permite.
Casos emblemáticos en el país
En Sonora, Tomás Rojo Valencia, vocero del pueblo Yaqui y defensor del agua sagrada del Río Yaqui, desapareció el 27 de mayo de 2021 y fue encontrado muerto en una fosa clandestina tres semanas después. Grupo México lleva once años contaminando el río Sonora con metales pesados y ácido sulfúrico, y las autoridades siguen sin hacer justicia, aceptando condicionamientos y hasta asumiendo parte de los costos. En Morelos, Samir Flores Soberanes, comunicador nahua y fundador de Radio Amiltzinko, fue asesinado de dos balazos en la cabeza el 20 de febrero de 2019, días antes de una consulta popular sobre el gasoducto que su comunidad rechazaba. El gobierno federal de entonces impulsaba el proyecto pese a la oposición de los pueblos.
Desplazamiento forzado y conflicto territorial
En Guerrero, ocho episodios de desplazamiento forzado dejaron a miles de familias indígenas huyendo de sus territorios ante la violencia que nadie detiene por parte de las empresas mineras. Y en la Sierra Costa de Michoacán, centenares de familias han sido desplazadas de Tierra Caliente, donde el crimen organizado y las concesiones mineras se disputan el territorio que antes cuidaban las comunidades.
Reflexión final
Entonces, cuando se dice que no hay desapariciones forzadas, escuchemos qué dicen las familias de Roberto Chávez en Villa Madero, de Tomás Rojo en Pótam, de Samir en Amilcingo y de Lázaro Mendoza en Paramuén. Preguntemos si eso no es, al menos en espíritu y responsabilidad política, una desaparición forzada. Pregúnteles si eso no es el Estado, ya sea por mano directa, por omisión reiterada o por negligencia institucional, o si este asume por lo menos parte de la responsabilidad, ya que están asesinando a mexicanos por proteger su tierra del despojo y la destrucción.
Como siempre, le invito a reflexionar y tomar acción.
