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Por Iliana Sánchez Jauregui
La industria del transporte terrestre en los aeropuertos de México enfrenta actualmente una de las crisis más complejas de su historia. Miles de familias que durante generaciones han trabajado de manera legal y regulada dentro de puertos y aeropuertos hoy viven bajo una constante incertidumbre ante la intención de reformar el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, permitiendo el ingreso indiscriminado de plataformas digitales y servicios no regulados.
El problema no radica en el avance tecnológico ni en la modernización del país. Los transportistas aeroportuarios no se oponen a la innovación ni a la competencia justa. Sin embargo, la problemática surge cuando aplicaciones de servicio de transporte operan bajo condiciones completamente distintas a las que enfrentan los permisionarios federales. Mientras las empresas de transporte autorizado deben cumplir con una enorme carga regulatoria, fiscal, laboral y de seguridad, las plataformas digitales operan con menores obligaciones, generando una competencia desigual.
Los taxis federales autorizados en aeropuertos deben cubrir gastos permanentes y altamente costosos: pagos de derecho de piso a grupos aeroportuarios, impuestos federales y estatales, seguros de viajero, verificaciones físico-mecánicas, licencias federales especiales, renovación constante de unidades, prestaciones laborales, tarjetas de identificación aeroportuaria y múltiples normas emitidas por la SICT y otras autoridades. Todo esto implica inversiones millonarias y una operación estrictamente supervisada. Además, las tarifas que cobran los permisionarios no son arbitrarias, sino autorizadas por la autoridad federal correspondiente.
En contraste, muchas plataformas digitales y servicios irregulares ingresan a las zonas aeroportuarias sin cumplir con las mismas obligaciones legales y operativas. Esto provoca una competencia desleal que afecta directamente la estabilidad económica de miles de trabajadores mexicanos. La situación se agrava con el crecimiento del pirataje y la falta de control en áreas estratégicas como los aeropuertos, espacios que además representan puntos sensibles para la seguridad nacional.
Otro aspecto preocupante es el impacto social y económico que esta problemática puede generar. Detrás de cada empresa de transporte autorizado existen familias, empleos formales y generaciones enteras que han construido una industria bajo el marco legal mexicano. Permitir el ingreso sin regulación de miles de vehículos particulares o plataformas podría provocar la quiebra de empresas NACIONALES que durante décadas han sostenido el servicio turístico y aeroportuario del país.
Por ello, la discusión no debe centrarse únicamente en la tecnología o en nuevas formas de movilidad, sino en garantizar condiciones equitativas para todos los participantes. Modernizar el transporte no puede significar debilitar a quienes cumplen con la ley, invierten en seguridad y generan empleos formales. México necesita una regulación justa, responsable y equilibrada, que permita el avance tecnológico sin destruir una industria estratégica para el turismo, la economía y la seguridad nacional.
