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Ciudad de México.- El pasado de Colima ha alcanzado a sus protagonistas. Un juez penal dictó vinculación a proceso contra el exgobernador Ignacio Peralta Sánchez y su excolaborador estrella, Carlos Noriega García, marcando uno de los episodios judiciales más significativos para la entidad en la última década.
¿De qué se les acusa?
La administración de la actual gobernadora, Indira Vizcaíno, no se guardó nada. Tras una serie de auditorías, las denuncias apuntan a un esquema de irregularidades que van desde la infraestructura hasta el impago de sueldos:
- El misterio del C5i: Se detectó un desvío de casi 100 millones de pesos. Aunque el estado se endeudó con 500 millones para el Centro de Inteligencia y la remodelación del Palacio de Gobierno, solo aparecen 400 millones en los registros.
- Asesorías "fantasma": En 2018, la gestión pagó 97 millones de pesos por servicios de asesoría. ¿El problema? El año anterior solo se gastó un millón por lo mismo. Un salto del 9,600% que nadie ha podido explicar.
- La crisis de las nóminas: Se investiga el pago de casi mil millones de pesos a bancos en 2021, una decisión que dejó a más de 5 mil trabajadores públicos sin su sueldo en el cierre del sexenio.
"Era de esperarse": la defensa de Peralta
A diferencia de su exsecretario de Finanzas, quien guardó absoluto silencio, Ignacio Peralta se mostró ante los medios con una calma calculada. El exgobernador calificó el proceso como algo que ya "esperaba" y aseguró que tiene las pruebas suficientes para demostrar que su gestión se apegó a la ley.
¿Qué sigue para los imputados?
Por ahora, el juez ha determinado lo siguiente:
- Libertad bajo proceso: Ambos podrán defenderse fuera de prisión.
- Plazo de investigación: Se otorgaron cinco meses para que tanto la fiscalía como la defensa aporten pruebas complementarias.
- Antecedentes: Cabe recordar que Carlos Noriega ya arrastra una inhabilitación por cinco años tras el presunto desvío de 70 millones de pesos del Instituto de Pensiones del estado.
Este caso no es solo contabilidad gubernamental; representa el hartazgo de una burocracia que se quedó sin cobrar mientras los fondos fluían hacia asesorías dudosas y obras con sobrecostos. La pregunta en el aire es si las pruebas serán suficientes para una sentencia o si quedará en otro capítulo de "justicia a medias".
