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Ciudad de México.- La lista de derrotas judiciales para la Fiscalía General de la República (FGR) sumó un nuevo y pesado nombre: Roberto Borge Angulo. El exgobernador de Quintana Roo fue absuelto del delito de delincuencia organizada luego de que un juez determinara que el Ministerio Público Federal simplemente no pudo acreditar su responsabilidad.
Con este fallo, el político —que alguna vez fue el rostro de la "nueva generación" del PRI antes de convertirse en prófugo— prepara sus maletas para abandonar el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos. Sin embargo, no cantará victoria total: seguirá bajo proceso por lavado de dinero, aunque ahora desde la comodidad de su hogar bajo arresto domiciliario.
El remate de playas y el quebranto de los 900 millones
La acusación de la FGR que acaba de tambalearse pintaba a Borge como el cerebro de una red que utilizó el poder del Estado para beneficiar a su círculo cercano. Según las investigaciones, el exmandatario aprovechó su gestión para rematar a familiares y amigos un total de 22 codiciados predios ubicados en las reservas territoriales de Cancún, Cozumel y Playa del Carmen.
Esta operación inmobiliaria de ensueño para sus allegados significó una pesadilla financiera para el estado de Quintana Roo, provocando un boquete fiscal calculado en exactamente 900 millones 99 mil 418 pesos. Pese a la monumental cifra y el impacto ambiental y turístico de los terrenos rematados, la estrategia jurídica de la Fiscalía no logró sostener ante el juez el cargo de delincuencia organizada, abriéndole la puerta de salida del penal federal.
De la huida a París al confort del arresto domiciliario
La caída en desgracia de Borge comenzó el 4 de junio de 2017, cuando fue capturado de forma cinematográfica en el Aeropuerto de Tocumen, en Panamá, justo antes de abordar un vuelo con destino a París.
Meses después, en enero de 2018, fue recluido en el Ceferepsi de Ayala, Morelos, donde ha permanecido hasta la fecha. Su detención provocó un terremoto político que llevó al PRI a expulsarlo por unanimidad de sus filas, tras haberle suspendido sus derechos partidistas desde finales de 2016.
Hoy, a años de distancia de aquella espectacular captura internacional, el caso se desinfla lo suficiente para otorgarle un beneficio clave. Aunque el exgobernador mantiene una medida cautelar por el delito de lavado de dinero, el revés de la FGR le permitirá cambiar las frías paredes de la prisión federal por los privilegios del resguardo domiciliario en los próximos días.
