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Ciudad de México.- La reforma al Poder Judicial de Claudia Sheinbaum ya pasó el filtro del Senado, pero no llegó limpia. En una sesión vespertina que la oposición calificó de "madruguete", el bloque oficialista aprobó mover la elección de jueces y magistrados hasta 2028.
Sin embargo, lo que se vendió como un ajuste de calendario esconde una letra chiquita que encendió las alarmas: una modificación de último minuto que permitirá a los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no solo quedarse un año más, sino reelegirse por un periodo completo.
Entre prisas, cambios en la duración de los cargos y la creación de "secciones" en la Suprema Corte, la aplanadora de la 4T vuelve a sacudir la estructura de la justicia en México.
Las llaves del Tribunal Electoral y un "acordeón" simplificado
Detrás del argumento de "dar más tiempo para organizar la votación", el dictamen aprobado por 87 votos a favor y 41 en contra modificó las reglas del juego para el TEPJF. Los magistrados de la Sala Superior que debían concluir su encargo en 2027 ahora estirarán su periodo hasta 2028, año en el que podrán postularse de nuevo para mantener su silla.
La reforma también recortó de nueve a ocho años el periodo de los jueces de Distrito y magistrados de Circuito que resulten electos en 2028 (concluyendo en 2036). Además, se incluyeron "premios de consolación y control": la creación de secciones en la Suprema Corte para resolver asuntos menores —reviviendo funciones de las salas eliminadas en 2024— y la implementación de un Tribunal de Disciplina Judicial que evaluará con lupa el primer año de gestión de los nuevos juzgadores.
La oposición acusa blindaje e impunidad
Para las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano, la sesión no fue más que un trámite fast-track para legalizar el control del régimen sobre el aparato judicial. El emecista Clemente Castañeda no se guardó nada al señalar que la reducción de candidatos en la boleta es una simulación:
"Lo que están simplificando en realidad es el acordeón... El problema es quién los pone ahí y a quiénes les deben su postulación". Castañeda sentenció que las concesiones nocturnas son el tamaño de los "favores políticos" que el oficialismo le debe al Poder Judicial.
Por su parte, Manuel Añorve, coordinador del PRI, criticó que el proyecto ignore el uso de recursos públicos y el acarreo electoral visto en procesos anteriores. "Esta reforma no corrige las trampas", reclamó Añorve, acusando a Morena de legislar bajo el mismo patrón de siempre:
"Primero improvisa, luego se equivoca, después culpa a otros, y al final pide otro cheque en blanco". El dictamen ahora viaja a los congresos estatales, donde el oficialismo solo necesita activar su maquinaria en 17 estados para dar el carpetazo final.
