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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum bajó el tono a la controversia por la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano. Desde Palacio Nacional, dejó claro que el tema no debe escalar a un conflicto con Estados Unidos, aunque subrayó que la cooperación en seguridad tiene límites marcados por la ley.
El mensaje central hizo alusión a que no hay ruptura, pero tampoco carta abierta. “No queremos generar un conflicto”, insistió, al tiempo que remarcó que cualquier acción conjunta debe respetar la Constitución mexicana y los marcos legales vigentes.
El episodio, detonado por tras el operativo en Chihuahua, abrió preguntas sobre posibles violaciones a la soberanía. Sin embargo, la mandataria encuadró la situación dentro de los acuerdos bilaterales existentes en materia de seguridad, un terreno donde —dijo— ya hay reglas claras sobre cómo y hasta dónde colaborar.
El punto de quiebre no está —por ahora— en Washington, sino en lo local. Sheinbaum dirigió la atención hacia el gobierno de Chihuahua, que deberá aclarar bajo qué condiciones se dio la colaboración con agencias estadounidenses durante el operativo que detonó la polémica.
La presidenta fue clara, cualquier coordinación internacional debe respetar la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional. Bajo ese marco, anunció que el Consejo de Seguridad será convocado para reforzar —mediante un comunicado— las reglas que deben seguir los gobiernos estatales cuando interactúan con autoridades extranjeras.
El mensaje irá dirigido a las 32 entidades del país, en un intento por evitar vacíos o interpretaciones laxas en la relación con instancias como las de Estados Unidos.
En paralelo, el caso ya escaló al ámbito legislativo. La gobernadora Maru Campos y el fiscal César Jáuregui fueron llamados a comparecer ante el Senado para detallar cómo se construyó esa colaboración.