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Morelia, Michoacán.- La guerra por el control del narcotráfico en Michoacán ha adquirido una dimensión trasnacional y se adentra de lleno en el corazón de sus tierras autónomas. El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, reveló la operación de una célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) integrada por un número indeterminado de ciudadanos colombianos.
Este grupo armado avanza con violencia entre la Ciénega de Zacapu y el municipio de Nahuatzen, en la Meseta Purépecha. El objetivo de los mercenarios sudamericanos es consolidar un corredor que someta a comunidades indígenas enteras e invadir sectores clave como la Cañada de los Once Pueblos y la sierra de Los Reyes.
Convoyes armados en tierra sagrada
La ofensiva de la organización criminal choca de frente contra la compleja realidad social de la región, donde el recelo ancestral hacia el gobierno federal entorpece las labores de justicia:
- Caravanas de guerra: Labores de inteligencia militar han detectado convoyes constantes de entre ocho y diez camionetas blindadas repletas de sicarios que se mueven con total impunidad en el corredor Chilchota-Tangancícuaro-Charapan.
- Comunidades bajo fuego: La encarnizada disputa territorial entre cárteles rivales ya ha dejado una estela de violencia y terror en poblaciones de origen purépecha como Cocucho, Sicuicho y Ocumicho.
- El muro de los usos y costumbres: Tras un enfrentamiento que dejó dos muertos en la comunidad de Acachuén, los pobladores —amparados en su régimen de autogobierno indígena— prohibieron la entrada de la Fiscalía. Los habitantes impidieron peritajes, levantamientos de pruebas y las necropsias de ley, paralizando la investigación criminal.
El costo de abrir las fronteras comunales
El hermetismo de las rondas comunitarias (las policías autónomas indígenas) solo se quiebra cuando la brutalidad de los cárteles supera su capacidad de resistencia. Torres Piña detalló el caso de Sevina, en el municipio de Nahuatzen, donde los habitantes inicialmente bloquearon el paso a las fuerzas del orden tras sufrir una agresión armada el pasado 17 de mayo.
Sin embargo, el asesinato de dos guardias comunales a manos del crimen organizado obligó a las autoridades locales a ceder. Tras varias horas de tensión, los pobladores firmaron un acuerdo inédito con el gobierno de Michoacán para permitir el ingreso de peritos y agentes ministeriales.
El Ejército y la Guardia Civil han tenido que desplegar un operativo de vigilancia armada permanente en las inmediaciones de los pueblos purépechas, en un intento desesperado por frenar una ofensiva criminal que amenaza con borrar la soberanía comunal.
