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Ciudad de México.- La apuesta del Estado mexicano por el punitivismo y el uso sistemático de la prisión preventiva ha convertido a las cárceles del país en almacenes de personas de escasos recursos y chivos expiatorios.
El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que durante 2025 ingresaron a los penales 157 mil 457 personas, lo que representa un alarmante repunte del 19.2% en comparación con el año anterior.
Sin embargo, el vertiginoso aumento en la población carcelaria no se traduce en el desmantelamiento de las cúpulas del crimen organizado ni en calles más seguras. Por el contrario, la estadística oficial evidencia el fracaso crónico del aparato de procuración de justicia y de unas fiscalías empeñadas en inflar números mediante detenciones arbitrarias, mientras la impunidad en los delitos de alto impacto permanece casi intacta.
Encarcelar primero, investigar después
La radiografía del Inegi echa por tierra el discurso gubernamental que justifica la severidad de las leyes penales bajo el argumento de combatir a la delincuencia reincidente. La realidad del perfil de las personas recluidas durante 2025 muestra un patrón de criminalización de la pobreza y de infractores primerizos:
- Sin historial delictivo: El 76.2% de las personas recluidas el año pasado no tenía ningún antecedente penal. La cifra alcanza su punto más alto en las mujeres, donde el 87.3% pisó la cárcel por primera vez, muchas de ellas acusadas de delitos no violentos o como víctimas de redes de complicidad que el sistema judicial se niega a investigar a fondo.
- El limbo de la prisión preventiva: Al cierre de 2025, el censo registró un total histórico de 231 mil 436 personas privadas de la libertad en el territorio nacional. La tragedia humanitaria y legal queda expuesta al constatar que sólo el 42.2% de ellas cuenta con una sentencia definitiva. El restante 57.8% permanece en prisión bajo el limbo de la prisión preventiva, una medida cautelar que viola la presunción de inocencia y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado eliminar a México de forma reiterada.
Baja California y el Edomex: el colapso de los sistemas locales
El censo del Inegi confirma que la crisis de saturación carcelaria se concentra de manera abrumadora en los fueros comunes de las entidades federativas, donde los gobernadores utilizan el encarcelamiento rápido para simular efectividad ante el electorado. Del total de ingresos de 2025, 154 mil 764 correspondieron a prisiones estatales, frente a apenas 2 mil 693 en el fuero federal.
- Baja California encabezó la lista nacional con 21 mil 62 ingresos, en medio de una crisis de violencia local y denuncias por violaciones a los derechos humanos dentro de sus penales.
- El Estado de México ocupó el segundo sitio con 18 mil 589 casos. La entidad gobernada por Morena sigue consolidándose como el epicentro del hacinamiento y el autogobierno penitenciario, además de concentrar, junto con Hidalgo, las mayores tasas de encarcelamiento de mujeres en el país (11.9% y 11.8%, respectivamente).
La simulación de la seguridad
El informe del Inegi llega en un momento de intenso debate por la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en la Constitución. Para defensores de derechos humanos y analistas jurídicos consultados por esta casa editorial, las estadísticas de 2025 son el resultado directo de una política de Estado que privilegia la cantidad de detenidos sobre la calidad de las investigaciones.
Con más de 133 mil personas presas sin juicio al cierre del año, el sistema carcelario mexicano funciona hoy no como un espacio de reinserción social, sino como una trampa burocrática y punitiva. Una simulación penal donde las fiscalías detienen para investigar, los jueces postergan las sentencias durante años y los verdaderos generadores de violencia continúan operando con absoluta impunidad fuera de los muros de las prisiones.
