Tabla de contenido
Ciudad de México.- La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado un nuevo paso en la militarización jurídica de su estrategia de seguridad hacia México.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos formalizó este miércoles la inclusión del histórico Cártel de Juárez y de la organización michoacana Los Viagras en su lista de Organizaciones Terroristas Transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) y de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
La medida, que congela de forma inmediata cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense, se suma a las sanciones financieras que ya pesaban sobre ambas agrupaciones por tráfico de estupefacientes.
Con esta nueva resolución, el Gobierno de Washington eleva a seis el número de carteles mexicanos catalogados formalmente bajo la etiqueta de terroristas. La designación responde a la intensificación de la presión de la Casa Blanca sobre el Gobierno de México para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia el norte de la frontera, un conflicto que ha tensado la relación bilateral mediante el uso de amenazas arancelarias y la retórica de intervenciones unilaterales.
Un mapa criminal bajo la lupa de Washington
Las dos organizaciones designadas representan perfiles delictivos muy distintos en el fragmentado mapa del crimen organizado en México:
- El Cártel de Juárez: Fundado en la década de 1970 y con su bastión histórico en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, es una estructura veterana que, pese al desgaste de años de disputas territoriales, mantiene el control de rutas clave de acceso terrestre hacia el estado de Texas.
- Los Viagras: Surgidos originalmente como un grupo de autodefensas en el estado de Michoacán y posteriormente consolidados como brazo armado y cartel independiente, esta organización destaca por su alto nivel de beligerancia local, el control de economías ilícitas regionales y la extorsión sistemática a productores agrícolas.
La incorporación de estos grupos sigue la línea trazada en febrero de este año, cuando la Administración estadounidense aplicó la misma etiqueta a otras cuatro de las principales organizaciones criminales del país: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, además de La Nueva Familia Michoacana.
El choque diplomático por la soberanía
La designación de carteles de la droga como grupos terroristas por parte de Washington no es un mero trámite administrativo; representa una de las herramientas de presión política más controvertidas en la agenda binacional. Para la Casa Blanca, esta categoría amplía los márgenes de maniobra de sus agencias de inteligencia y permite perseguir de manera global a cualquier entidad bancaria, empresa o individuo que colabore indirectamente con los recursos de estas organizaciones.
Sin embargo, en la Ciudad de México el mecanismo es visto con profunda desconfianza. El Gobierno mexicano ha rechazado de manera reiterada cualquier medida de carácter unilateral tomada desde Washington, advirtiendo que etiquetar a los grupos del narcotráfico como "terroristas" podría utilizarse como un pretexto jurídico para justificar incursiones de agencias estadounidenses en territorio nacional.
Aunque el Ejecutivo mexicano defiende mantener la cooperación bilateral bajo el principio del respeto mutuo a la soberanía, el endurecimiento de la estrategia del Tesoro estadounidense reduce el margen de negociación y traslada el debate de seguridad de la cooperación policial a un escenario de abierta confrontación geopolítica.
