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Guerrero.- Las dinámicas de la violencia en el estado de Guerrero continúan fracturando la vida cotidiana de sus comunidades. Entre la Montaña Alta y la región de Tierra Caliente, los testimonios de los habitantes dibujan un panorama donde el desplazamiento forzado, el control de las administraciones locales y la imposición de sistemas de autoridad paralelos por parte de grupos delictivos operan ante la debilidad de las respuestas institucionales.
A mediados de la semana pasada, una reducida avanzada de 22 personas intentó volver a la comunidad de Teticic, en el municipio de Olinalá. El poblado, conocido tradicionalmente como una de las capitales productoras de chile en la región, quedó completamente vacío desde el pasado 21 de mayo, cuando la totalidad de sus 500 habitantes huyó de forma masiva tras semanas de incursiones armadas. Los pocos que regresaron lo hicieron de manera voluntaria, sin acompañamiento gubernamental, encontrando un escenario de abandono: viviendas incendiadas, fachadas vandalizadas, comercios saqueados y animales de granja muertos en los corrales por falta de alimento.
A pesar de que el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, negó en su momento la existencia de familias desplazadas, los pobladores confirman que el éxodo sigue vigente. La mayoría de los vecinos permanece refugiada en la cabecera municipal de Olinalá o ha migrado hacia los estados de Puebla y Morelos ante las amenazas explícitas de los grupos armados de atentar contra sus vidas si intentan recuperar sus propiedades.
De acuerdo con los registros locales, la última gran irrupción delictiva ocurrió la noche del 21 de mayo, cuando un comando desmanteló la infraestructura del pueblo, incluyendo el saqueo de escuelas y la farmacia local. El nivel de inseguridad ha provocado también la salida del párroco de la localidad, siendo el tercer sacerdote que abandona la demarcación en los últimos tres años por motivos de seguridad.
La captura institucional de la Tierra Caliente
De manera paralela, la presión del crimen organizado se extiende con fuerza hacia el norte de la Tierra Caliente, afectando a municipios como Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan y San Lucas, este último ya en los límites con el estado de Michoacán.
Representantes civiles de la región acudieron a Chilpancingo para exponer, bajo estricto anonimato por temor a represalias, los mecanismos de control territorial que ejercen los denominados "jefes de plaza". Según sus testimonios, el interés de las organizaciones criminales se ha centrado en la captura de las presidencias municipales con el objetivo de controlar la asignación de contratos de obra pública y desviar recursos institucionales.
Los denunciantes señalan que el control se ejerce desde el ámbito electoral, donde los grupos delictivos coaccionan el voto de la población local en los comicios municipales y federales para asegurar la continuidad de sus redes de influencia en la administración pública.
Denuncias de explotación laboral y fosas clandestinas
La evolución de las estructuras delictivas en la zona fronteriza entre Guerrero y Michoacán ha introducido prácticas de explotación que los habitantes califican como esquemas de trabajo forzado. En las inmediaciones de Coyuca de Catalán y la parte alta de la sierra de San Miguel Totolapan, se calcula que decenas de jóvenes son retenidos contra su voluntad, no solo para funciones de vigilancia o sicariato, sino como mano de obra gratuita para actividades agrícolas y ganaderas de particulares vinculados a las organizaciones.
- Estructura jerárquica: Los comandos armados coordinan los movimientos mediante mandos intermedios encargados del cobro de cuotas a comerciantes y el reclutamiento forzoso de personal humilde.
- Zonas de exterminio: Los campesinos de la región alertaron sobre las consecuencias de la desobediencia a estas estructuras. Detallaron que en la zona norte del municipio de San Lucas existe un punto de inhumación clandestina donde presumen que se encuentran ocultos decenas de restos de personas que se negaron a colaborar.
Para los observadores y habitantes de la región, la persistencia de estos fenómenos consolida una franja de desamparo institucional donde la población civil ha dejado de recurrir a las fiscalías y cuerpos de seguridad. El temor a las represalias, sumado a la percepción de que las autoridades carecen de la capacidad o la voluntad para intervenir a fondo, ha dejado a los municipios limítrofes en una situación de vulnerabilidad estructural permanente.
