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Guerrero.- Las implicaciones judiciales del caso Ayotzinapa han vuelto a agitar los ánimos en la ciudad de Iguala, Guerrero. Familiares, académicos y amigos de cinco personas detenidas la semana pasada marcharon este domingo por las principales avenidas del municipio para exigir su liberación inmediata, bajo el argumento de que la Fiscalía General de la República (FGR) está recurriendo a la fabricación de acusaciones y a detenciones arbitrarias para simular avances en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en 2014.
Las capturas, ejecutadas en operativos simultáneos por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, alcanzaron a figuras del ámbito académico, médico y empresarial de la localidad. Entre los detenidos se encuentra Julio César Valladares Baranda, médico legista del Servicio Médico Forense (Semefo) y docente de la Universidad Tecnológica de la Región Norte; Ben Yehuda Martínez Hernández, exsecretario de Salud municipal; así como Violeta Mazón y Helen Rueda Mazón, esposa e hija del empresario funerario Rodolfo Rueda Sebastián, quien ya se encuentra en prisión desde octubre de 2025.
Durante la movilización, los manifestantes portaron lonas y pancartas con consignas como “La medicina es un acto de amor, no de criminalización” y “Basta de falsos culpables”. Los oradores advirtieron que la estrategia de la FGR pone en riesgo a la ciudadanía local al judicializar a profesionales cuyos trabajos estuvieron tangencialmente relacionados con la gestión de restos humanos en los años posteriores a la noche de la agresión.
El hallazgo en los crematorios y la conexión con el Semefo
El trasfondo de estas nuevas detenciones se remonta a los vínculos operativos entre el Semefo local y las empresas particulares que durante años operaron las concesiones forenses en la región norte de Guerrero, específicamente las funerarias Rueda y El Ángel. Ambas compañías estaban encargadas del resguardo y la cremación de cuerpos bajo convenios institucionales.
La línea de investigación de la Fiscalía Especializada cobró un nuevo giro tras una inspección realizada en marzo pasado en los hornos crematorios de la funeraria El Ángel, ubicada en la periferia de Iguala. Durante dicha diligencia, en la que estuvieron presentes los padres de los 43 normalistas desaparecidos, las autoridades ministeriales localizaron una bolsa con restos óseos que portaba una etiqueta de registro fechada en 2014, el año de la coyuntura crítica del caso.
- Localización de los indicios: Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el hallazgo de la bolsa no ocurrió dentro de los contenedores de refrigeración oficiales del Semefo, sino en las inmediaciones de un predio particular contiguo, propiedad de la familia Rueda, donde se ubican los sistemas de incineración.
- Peritajes pendientes: Hasta el momento, las autoridades federales no han hecho públicos los resultados de los análisis genéticos y osteológicos para determinar si los fragmentos óseos recuperados corresponden a alguno de los estudiantes desaparecidos o si pertenecen a otras víctimas de la violencia en la entidad.
La comunidad médica y los sectores comerciales de Iguala han manifestado su preocupación ante lo que consideran un endurecimiento de la estrategia gubernamental, la cual, acusan, busca cerrar expedientes mediante la imputación de responsabilidades a los eslabones técnicos y civiles que operaban los servicios forenses de la época.
Mientras la Fiscalía mantiene bajo reserva los detalles específicos de los cargos de las órdenes de aprehensión, el entorno de los detenidos ha anunciado que continuará con las movilizaciones civiles para evitar que el caso se traduzca en penas de prisión para quienes sostienen que son inocentes.
