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Washington.— La derrota electoral de Donald Trump no solo dejó a su gobierno frente a un Congreso controlado por la oposición. También abrió la posibilidad de que el presidente, sus hijos, sus socios empresariales y funcionarios de su administración enfrenten una nueva etapa de investigaciones legislativas sobre sus actividades económicas y posibles conflictos de interés.
Con el triunfo demócrata en las elecciones intermedias y la recuperación del Senado y la Cámara de Representantes, el partido tendrá acceso a las facultades de supervisión del Congreso, entre ellas la posibilidad de convocar audiencias, solicitar documentos, emitir citatorios y obligar a determinadas personas a comparecer ante comités legislativos.
El congresista demócrata Robert Garcia, quien se perfila para presidir el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, resumió la advertencia en dos palabras: “Lawyer up” —“Contraten abogados”—. Posteriormente explicó que su principal objetivo será investigar lo que considera un enriquecimiento de la familia presidencial y posibles actos de corrupción dentro del gobierno.
En declaraciones al New York Times, Garcia afirmó que la familia Trump encabezará sus prioridades de investigación. El legislador sostuvo que las indagatorias buscarán esclarecer cómo el presidente, sus familiares y personas cercanas habrían obtenido beneficios económicos mientras Trump ocupa la Casa Blanca.
Criptomonedas, inversiones y negocios familiares bajo la lupa
Una de las líneas de investigación más importantes estará relacionada con los negocios de criptomonedas vinculados al presidente y su familia. El New York Times destacó entre los asuntos que podrían examinarse una operación que habría generado alrededor de mil 400 millones de dólares en ganancias relacionadas con activos digitales.
El periódico también mencionó operaciones bursátiles realizadas en momentos oportunos y una celebración posterior a una boda financiada por un empresario vinculado al Kremlin. Estos asuntos forman parte de los posibles conflictos de interés que los demócratas pretenden revisar; su inclusión en una agenda de investigación no significa que exista una resolución judicial que demuestre irregularidades o delitos.
Los legisladores también tienen en la mira las inversiones de empresas relacionadas con Donald Trump Jr. y Eric Trump, así como los negocios internacionales de Jared Kushner, yerno del presidente. Otra línea de revisión podría abarcar los contratos gubernamentales y los beneficios que determinadas compañías habrían recibido de decisiones de la administración.
El objetivo será determinar si las actividades empresariales de familiares y aliados del mandatario tuvieron alguna relación con decisiones oficiales, contratos públicos o políticas gubernamentales que pudieran representar ventajas económicas privadas.
La preocupación demócrata no surgió después de las elecciones. Durante meses, legisladores de ese partido habían solicitado información sobre las operaciones financieras de la familia presidencial y elaborado registros de sus ingresos provenientes de negocios con criptomonedas y operaciones en el extranjero.
Epstein, migración y decisiones de la Casa Blanca también serán investigados
La agenda demócrata no se limitará a las finanzas de Trump. Otro de los asuntos prioritarios será el manejo de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales y tráfico de menores, así como la manera en que el Departamento de Justicia ha administrado la publicación de documentos vinculados con el caso.
Los demócratas sostienen que parte de la información entregada al público fue retenida o censurada de manera inadecuada. También pretenden examinar las relaciones de Epstein con figuras poderosas, incluido el presidente. Trump ha negado haber cometido irregularidades relacionadas con el financiero y ha sostenido que su relación con él terminó antes de que Epstein enfrentara nuevos procesos penales.
Otra línea de investigación se dirigirá a las actuaciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los legisladores demócratas pretenden revisar denuncias de abusos, operativos violentos y posibles violaciones de derechos durante la política de deportaciones impulsada por Trump.
También se prevé revisar la actuación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado durante su etapa inicial por Elon Musk, particularmente los recortes de personal y el uso de recursos federales.
La guerra contra Irán será otro punto de confrontación. Los demócratas buscan examinar el costo económico y militar del conflicto, las decisiones del Pentágono y la falta de autorización expresa del Congreso para las operaciones militares de la administración.
Trump conserva la Presidencia, pero enfrentará un Congreso opositor
El cambio de mayorías no significa que los demócratas puedan destituir al presidente ni que todas sus investigaciones concluyan en procesos judiciales. Sin embargo, tendrán herramientas para exigir documentos, llamar a declarar a funcionarios y empresarios, celebrar audiencias públicas y remitir información a las autoridades correspondientes cuando consideren que existen elementos para hacerlo.
El proceso también podría enfrentar obstáculos. Durante el primer mandato de Trump, su administración recurrió a disputas legales y argumentos de privilegio ejecutivo para resistir solicitudes de información del Congreso. Abogados y especialistas consultados por The Washington Post anticipan que algunas empresas y funcionarios podrían volver a impugnar citatorios y prolongar las investigaciones mediante litigios.
Además, los citatorios no garantizan que los legisladores obtengan toda la información solicitada ni que las indagatorias acrediten conductas ilegales.
La Casa Blanca ha rechazado las acusaciones de corrupción y ha calificado los planes demócratas como una estrategia de obstrucción política. El propio Trump ha advertido que utilizará su poder de veto frente a iniciativas legislativas que considere contrarias a su agenda.
La nueva mayoría comenzará a ejercer sus funciones el 3 de enero de 2027. Hasta entonces, los demócratas prepararán sus prioridades y la integración de los comités que tendrán a su cargo las investigaciones.
La derrota electoral deja así a Trump ante un escenario distinto al de los primeros dos años de su segundo mandato: además de negociar con una oposición que controlará el Poder Legislativo, deberá responder a un Congreso que anuncia revisiones sobre sus negocios familiares, sus aliados empresariales y las decisiones de su administración.
