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Estados Unidos.- La derrota electoral de los republicanos en Estados Unidos abrió la puerta a una nueva etapa de presión política sobre el gobierno de Donald Trump. Los demócratas anticiparon que utilizarán su mayoría en la Cámara de Representantes para investigar posibles casos de corrupción y exigir explicaciones a funcionarios y personas cercanas al presidente.
Uno de los primeros mensajes llegó del congresista Robert Garcia, quien podría asumir la presidencia del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental a partir de enero. Su advertencia a los adversarios políticos fue directa.
«Busquen un abogado», dijo, en referencia a las posibles investigaciones que se avecinan.
El alcance de ese comité coloca al mandatario, a sus familiares y a integrantes de su administración entre los posibles objetivos de las pesquisas.
Trump y sus funcionarios, bajo presión
El próximo presidente de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, también adelantó que los demócratas buscarán responsabilidades entre quienes ocupan cargos públicos y utilizan sus posiciones para beneficiar sus propios intereses, los de sus familiares, amigos o donantes.
La campaña demócrata incluyó entre sus compromisos investigar la corrupción tanto en el gobierno como en el sector empresarial. El comité encabezado previsiblemente por Garcia tiene facultades para revisar el funcionamiento de agencias y programas federales.
Entre los funcionarios que podrían enfrentar cuestionamientos figuran el secretario de Defensa, Peter Hegseth, por la guerra en Irán; el titular de Salud, Robert F. Kennedy, por sus decisiones relacionadas con alimentos y vacunas, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, por la política arancelaria.
La política migratoria seguirá vigente
Pese al revés electoral republicano, el gobierno de Trump no contempla detener las deportaciones de personas indocumentadas.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que las expulsiones continuarán, aunque la estrategia podría modificar sus prioridades. Una de las posibilidades es dirigir más atención a los empleadores que contratan trabajadores sin documentos.
El vicepresidente JD Vance también rechazó que una eventual solución al problema migratorio pase por conceder una amnistía. Sostuvo que quienes promuevan esa alternativa estarían engañando a la población.
En medio de las especulaciones sobre posibles cambios dentro de la administración, Harmeet Dhillon presentó su renuncia como directora de la División de Derechos Humanos del Departamento de Justicia.
