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Acapulco, Guerrero.- Hay una coincidencia incómoda que Morena no debería pasar por alto rumbo a las elecciones de 2027: las tres últimas presidencias de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, encabezadas por Yoloczin Domínguez Serna, Citlali Calixto Jiménez y Jesús Urióstegui García, han quedado bajo cuestionamientos relacionados con la administración, comprobación y transparencia de los recursos públicos.
No significa que los tres hayan sido declarados responsables de corrupción. Eso tendría que determinarlo una autoridad competente. Pero políticamente tampoco puede normalizarse que una administración tras otra deje observaciones, promociones de responsabilidades, recursos sin comprobar o, en el caso más reciente, una investigación penal por presuntas operaciones fraudulentas ocurridas dentro del Congreso.
Y menos cuando quienes estuvieron al frente de la Jucopo ahora pretenden gobernar municipios y volver a administrar dinero público.
Yoloczin: sólo se auditó el 17.19 por ciento
Yoloczin Domínguez Serna encabezó la Jucopo desde septiembre de 2022 hasta enero de 2024, cuando solicitó licencia en medio de sus aspiraciones políticas en Acapulco.
La Cuenta Pública 2023 del Congreso permite dimensionar lo ocurrido durante su gestión.
El Congreso ejerció 751 millones 687 mil 398 pesos, pero la Auditoría Superior del Estado revisó una muestra de 129 millones 228 mil pesos: apenas el 17.19 por ciento del total ejercido. Por eso, decir simplemente que “la cuenta fue aprobada” no resuelve la discusión sobre transparencia: la fiscalización fue selectiva y no comprendió la totalidad del presupuesto.
Y lo encontrado en esa muestra no es menor.
La ASE determinó deficiencias en los controles internos necesarios para garantizar la transparencia de los recursos. Encontró, entre otras cosas, que el Congreso no contó con un programa anual de adquisiciones y realizó procedimientos de contratación sin cumplir plenamente la normatividad. Por ello emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
También detectó pagos por 4 millones 316 mil pesos adjudicados directamente a proveedores sin acreditar que representaran las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad; además, esos proveedores no estaban registrados en el padrón. La observación no fue suficientemente aclarada y derivó en otra promoción de responsabilidad administrativa.
En otro resultado aparecieron 8 millones 458 mil pesos en servicios cuyos contratos inicialmente no fueron presentados. La documentación posterior tampoco acreditó la totalidad de los procedimientos de adjudicación y contratación, lo que originó otra promoción de responsabilidad administrativa.
Y hubo un señalamiento todavía más delicado: de 11 millones 168 mil pesos inicialmente observados por falta de documentación comprobatoria, el Congreso consiguió aclarar 10 millones 482 mil, pero quedaron 686 mil 234 pesos sin evidencia documental suficiente. La ASE emitió un pliego de observaciones por presumir un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por ese monto.
Estos hallazgos permiten formular una pregunta política legítima: ¿cómo puede aspirarse nuevamente a administrar recursos públicos sin explicar exhaustivamente las irregularidades que quedaron documentadas durante el periodo en que se encabezó el principal órgano político del Congreso?
Citlali: una auditoría mayor, pero también recursos sin comprobar
Citlali Calixto Jiménez sustituyó a Yoloczin en enero de 2024 y encabezó la Jucopo hasta el término de la LXIII Legislatura.
La Cuenta Pública 2024 también fue auditada. Aquí hay que hacer una precisión importante: aunque la ASE emitió finalmente una valoración general favorable respecto de la muestra revisada, esa conclusión no significa que todas las observaciones hayan desaparecido.
El Congreso ejerció durante 2024 alrededor de 671 millones 946 mil pesos, de los cuales fueron auditados 191 millones 437 mil pesos, equivalentes al 28.49 por ciento.
Otra vez aparecieron deficiencias en los mecanismos de control interno y prevención de riesgos necesarios para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. La documentación presentada por el Congreso fue considerada insuficiente para solventar ese resultado.
También fueron detectadas inconsistencias en la plantilla de personal que no pudieron ser aclaradas y que derivaron en una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Pero hay dos cifras particularmente relevantes.
La ASE detectó inicialmente pagos por 7 millones 888 mil pesos sin pólizas ni evidencia documental suficiente. El Congreso aclaró 6 millones 577 mil pesos, pero quedaron pendientes 1 millón 311 mil pesos, por los cuales la Auditoría emitió un pliego al presumir un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública.
Además, de 752 mil 722 pesos detectados como gastos por comprobar, permanecieron sin evidencia documental suficiente 566 mil 936 pesos, lo que originó un segundo pliego de observaciones.
También aquí resulta igualmente incorrecto pretender que la existencia de un dictamen general favorable borra las irregularidades específicas que permanecieron abiertas al momento de emitirse el informe.
Urióstegui: ahora son cheques y una investigación penal
Con Jesús Urióstegui García la historia cambia de naturaleza.
Aquí todavía no estamos frente a un resultado definitivo de auditoría que permita establecer qué ocurrió con los recursos. Estamos ante una investigación de la Fiscalía General del Estado que debe esclarecerse.
La Fiscalía investiga presuntos hechos con apariencia de delitos como abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación o alteración y uso indebido de documentos, fraude y peculado relacionados con cheques expedidos a nombre de la diputada morenista Guadalupe García Villalva.
Los reportes periodísticos hablan de 49 o 50 cheques y señalan que la Fiscalía solicitó al Congreso información sobre su emisión, autorización y cobro, así como expedientes de personas relacionadas con la administración legislativa. Los hechos investigados corresponden a 2026, cuando Urióstegui encabezaba la Jucopo.
La investigación deberá establecer quién emitió, autorizó, firmó y cobró los documentos y si existió o no un delito y deslindar las responsabilidades correspondientes.
Pero estamos hablando del Poder Legislativo del estado.
Si dentro de la administración del Congreso pudieron presuntamente emitirse decenas de cheques utilizando el nombre de una diputada sin que los controles internos lo impidieran, estamos frente a un problema institucional que exige una explicación política además de la investigación penal correspondiente.
Y ahora quieren gobernar Acapulco y Chilpancingo
Aquí aparece la contradicción política.
Yoloczin Domínguez y Citlali Calixto han manifestado interés en competir por la Presidencia Municipal de Acapulco. Jesús Urióstegui ha levantado la mano rumbo a Chilpancingo.
Y la pregunta resulta inevitable:
Si durante sus respectivas presidencias de la Jucopo existieron problemas de control, comprobación o transparencia en la administración del Congreso, ¿qué garantías ofrecen para administrar los presupuestos municipales de Acapulco y Chilpancingo?
En el caso de Acapulco la pregunta adquiere todavía mayor dimensión por el volumen de recursos que administra el Ayuntamiento.
No debería bastar con decir que las observaciones “ya fueron solventadas”. Las auditorías son instrumentos técnicos y las responsabilidades individuales deben probarse, pero quien pretende gobernar una ciudad tiene una obligación política superior: explicar públicamente cómo administró los recursos que ya estuvieron bajo su responsabilidad institucional.
Morena debería investigar antes de repartir candidaturas
Si Morena pretende hacer valer sus principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, tendría que comenzar aplicándolos dentro de su propia casa.
Antes de considerar candidaturas para Acapulco, Chilpancingo o cualquier otro municipio, la dirigencia nacional debería exigir una revisión exhaustiva de las cuentas correspondientes a las administraciones legislativas de quienes buscan convertirse en candidatos.
No se trata de condenarlos anticipadamente ni de sustituir a las autoridades fiscalizadoras. Se trata de aplicar un principio elemental de responsabilidad política: quien aspira a administrar más recursos públicos primero debe rendir cuentas claras de los que ya administró.
Si existen dudas razonables derivadas de auditorías oficiales o investigaciones ministeriales, Morena debería exigir que se esclarezcan antes de entregar una candidatura.
Y si de esas investigaciones surgieran responsabilidades administrativas o penales firmes, entonces sí tendría que existir una consecuencia política: impedir que quien haya utilizado indebidamente recursos públicos vuelva a ocupar un cargo desde el cual pueda administrarlos.
Incluso una revisión patrimonial y de posibles conflictos de interés, realizada por las autoridades legalmente competentes y con pleno respeto al debido proceso, sería pertinente cuando existan elementos que la justifiquen.
Porque las cuentas bancarias personales no pueden revisarse por capricho político. Pero tampoco puede convertirse la protección partidista en una barrera para que las autoridades investiguen cuando existan indicios suficientes.
Hay además una contradicción que merece recordarse.
Mientras durante años el Congreso de Guerrero ha mantenido una relación restrictiva con numerosos medios de comunicación, con presupuestos publicitarios castigados y servicios que en ocasiones se pretendía obtener prácticamente de manera gratuita, dentro de sus propias cuentas aparecen millones de pesos en observaciones, adjudicaciones cuestionadas y gastos cuya comprobación ha requerido aclaraciones posteriores.
A los medios se les exige austeridad. Al ciudadano se le exige pagar impuestos. Al trabajador se le exige justificar hasta el último peso.
¿Por qué quienes administran el Congreso tendrían que recibir un estándar distinto?
Yoloczin Domínguez, Citlali Calixto y Jesús Urióstegui tienen derecho a defender sus gestiones, aclarar los señalamientos y, mientras no exista resolución en contrario, a que no se les atribuyan responsabilidades que jurídicamente no han sido demostradas.
Pero Guerrero también tiene derecho a exigir algo elemental a quienes quieren gobernarlo:
Cuentas claras antes de candidaturas.
Porque el dinero del Congreso no pertenece a Morena, ni a la Jucopo, ni a quien circunstancialmente la preside.
Es dinero del pueblo de Guerrero.
Y quien no pueda explicar con absoluta claridad cómo administró una responsabilidad pública anterior difícilmente puede pedir un cheque en blanco para administrar una mayor.
