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Chilpancingo, Guerrero.- Varios diputados del Congreso de Guerrero comenzaron a revisar sus cuentas y movimientos financieros luego de que trascendiera la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) por la presunta falsificación de firmas para emitir y cobrar cheques.
La revisión busca determinar si los legisladores aparecen como beneficiarios de operaciones que no autorizaron y si sus firmas fueron utilizadas sin consentimiento.
Diputados de distintos grupos parlamentarios han solicitado información a la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso para conocer los movimientos relacionados con sus cheques, así como los pagos correspondientes a ellos y a su personal.
La decisión ocurre después de que se conoció que la Fiscalía investiga el uso irregular de 50 cheques emitidos a nombre de la diputada morenista Guadalupe García Villalva.
El caso habría representado un movimiento de alrededor de 15 millones de pesos, operaciones que corresponden al periodo de enero a junio de 2026, de acuerdo con la información que trascendió sobre la investigación.
La preocupación dentro del Congreso no se limita al caso de García Villalva. Legisladores de Morena han señalado que serían alrededor de 21 diputados los que podrían haber resultado afectados, aunque todavía no se ha hecho pública la lista completa ni se ha establecido cuánto dinero correspondería a cada uno.
Diputados buscan descartar irregularidades
Por ahora, algunos legisladores han optado por verificar directamente su información financiera antes de pronunciarse sobre posibles afectaciones.
Las solicitudes de información incluyen datos sobre cheques y pagos de nómina, con el propósito de comparar los registros administrativos con las operaciones que realmente fueron autorizadas por cada diputado.
Entre las legisladoras que también serían afectadas se encuentra Araceli Ocampo Manzanares, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, quien reveló a Bajo Palabra + MX que su caso también se encuentra entre los que deberán ser revisados para determinar si hubo algún movimiento realizado sin su autorización
Otros diputados consultados aseguraron que en sus casos no detectaron falsificación de firmas, aunque confirmaron que el problema existe y que ya es revisado por las autoridades.
La investigación de la FGE comenzó a partir de la denuncia relacionada con la firma de García Villalva y contempla la emisión, aprobación y cobro de los 50 documentos bancarios.
La Fiscalía pidió al Congreso información mediante el oficio 20053 para avanzar en la revisión de esas operaciones.
El caso tomó relevancia dentro del Poder Legislativo después del cambio en la presidencia de la Junta de Coordinación Política entre Jesús Urióstegui García y Joaquín Badillo Escamilla, ocurrido entre junio y julio.
La información conocida hasta ahora apunta a que los cheques investigados fueron emitidos durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, todavía falta determinar si las operaciones detectadas corresponden únicamente a una diputada o si existen más movimientos relacionados con otros legisladores.
La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones
La indagatoria también alcanza a personal que estuvo relacionado con el área financiera del Congreso durante la administración de Urióstegui García.
Entre los investigados aparece Esli Joanan Navarrete Cisneros, quien se desempeñó como director de Servicios Financieros durante las administraciones de Citlali Calixto y posteriormente de Urióstegui.
Además, la FGE investiga a ocho trabajadores del área de Finanzas que estuvieron bajo la administración de Urióstegui cuando encabezó la Jucopo.
Mientras las autoridades determinan cómo fueron emitidos y cobrados los cheques, dentro del Congreso los diputados comenzaron a revisar sus propios movimientos para saber si el esquema detectado pudo extenderse a más cuentas.
Hasta ahora, la identidad de los demás legisladores presuntamente afectados y el monto que correspondería a cada caso siguen sin hacerse públicos.
Mientras tanto, Jesús Urióstegui García, quien presidía la Jucopo durante el periodo en que habrían ocurrido los hechos, se mantiene sin presentarse a las sesiones del Congreso.
