Tabla de contenido
Chilpancingo, Guerrero.- La disputa por el procedimiento contra el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, continuará dentro del partido después de que un tribunal federal avalara la reposición del caso.
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación presentada por González Varona y confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.
El conflicto surgió por una queja promovida por el consejero estatal de Morena, Galdino Nava Díaz, quien acusó al dirigente de realizar acciones de promoción anticipada, utilizar presupuesto del partido y posicionar su imagen.
El tribunal federal encontró que la instancia de Morena encargada de resolver el asunto dejó sin respuesta un escrito presentado cuando el procedimiento todavía no había sido cerrado.
En ese documento se denunciaba un supuesto incumplimiento de medidas cautelares y se incorporaban elementos que podían ser considerados como pruebas.
La Sala Regional determinó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no podía ignorar ese escrito antes de emitir una resolución sobre el fondo del caso.
El punto pendiente para Morena
La resolución no establece que las pruebas deban ser aceptadas ni que necesariamente tengan que ser utilizadas para sancionar a González Varona.
Lo que ordenó el tribunal es que la comisión partidista determine primero, con una explicación jurídica, si esos elementos pueden incorporarse al expediente o si deben ser rechazados.
Una vez definido qué pruebas forman parte del procedimiento, Morena tendrá que emitir una nueva resolución sobre el caso.
El expediente tiene además un trasfondo político dentro del partido. Nava Díaz es identificado con el grupo del senador Félix Salgado Macedonio y el año pasado participó, junto con otros consejeros estatales, en un intento por remover a González Varona de la dirigencia estatal.
La nueva resolución no anticipa
La reposición tampoco significa que el dirigente estatal será sancionado. La Sala Regional únicamente avaló que existió una irregularidad procesal que debía corregirse antes de volver a resolver el expediente.
El argumento central fue que la omisión podía afectar el resultado del procedimiento, porque no se había establecido qué elementos debían integrar legalmente el expediente antes de tomar una decisión de fondo.
