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Ciudad de México.- Tras reconocer que la sombra de la delincuencia organizada ha alcanzado a algunas presidencias municipales, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una ofensiva legal para blindar los comicios de 2027. La mandataria envió una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear un filtro de inteligencia que detecte a candidatos vinculados con el crimen antes de que sus nombres lleguen a las boletas.
La propuesta, enviada a la Comisión Permanente del Congreso para su discusión inmediata en un periodo extraordinario, nace de las alertas encendidas por el propio gobierno. Sheinbaum reveló que operaciones recientes —como la "Operación Enjambre" y las detenciones de alcaldes en Teuchitlán y Tequila, Jalisco, además de operativos en Morelos— confirmaron nexos de funcionarios locales con delincuentes, muchos de ellos denunciados directamente por la ciudadanía.
Contra nexos oscuros
El corazón de la reforma es la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE, operada por cinco consejeros. Este bloque trabajará en equipo con las "garras" de inteligencia del Estado: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la FGR, la UIF y la CNBV, para rastrear si existe un “riesgo razonable” de lavado de dinero o complicidad criminal.
Para esquivar acusaciones de persecución política, el gobierno diseñó una carambola de corresponsabilidad: los partidos políticos entregarán las listas de aspirantes de forma voluntaria (y con el consentimiento firmado del candidato para ser evaluado).
Si las autoridades encuentran nexos oscuros, la investigación seguirá bajo estricta confidencialidad para no violar la presunción de inocencia, pero la papa caliente quedará en manos de los partidos, quienes asumirán el costo político de registrarlos o bajarlos de la contienda.
