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Ciudad de México.- Una estructura empresarial que habría conseguido contratos millonarios con organismos electorales de distintas entidades del país durante casi 27 años quedó bajo investigación del Gobierno federal.
La revisión presentada este jueves por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, identificó adjudicaciones por 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025, además de posibles vínculos entre proveedores que participaban en concursos públicos.
La investigación también derivó en el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con las indagatorias, una medida confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.
Las autoridades financieras revisan operaciones que podrían estar relacionadas con el dinero obtenido mediante contrataciones de materiales y servicios electorales.
El caso no se limita a una administración del Instituto Nacional Electoral (INE).
La información expuesta por el Gobierno apunta a relaciones comerciales que comenzaron a finales de los años noventa y que habrían continuado durante diferentes periodos, pese a los cambios en las autoridades electorales.
Sheinbaum sostuvo que el propósito es conocer cómo se construyó esta red, quiénes participaron en ella y qué permitió que un grupo de compañías conservara una presencia prolongada como proveedor de los organismos encargados de organizar las elecciones.
Empresas ligadas a contratos millonarios
Los registros revisados por la Secretaría Anticorrupción identificaron que 23 de los 32 organismos públicos locales electorales (OPLE) contrataron, entre 2015 y 2023, servicios o materiales con compañías relacionadas con esta estructura empresarial.
En ese periodo, las adjudicaciones alcanzaron aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos.
A esa cantidad se agregaron otros 646.3 millones de pesos correspondientes a contratos otorgados durante 2024 y 2025 por 15 organismos electorales estatales.
La suma de ambos periodos representa 2 mil 740.3 millones de pesos en contrataciones identificadas por las autoridades.
Buenrostro explicó que la revisión incluyó información de la Plataforma Nacional de Transparencia, archivos históricos de CompraNet y documentación relacionada con las compañías.
Sin embargo, advirtió que las cantidades todavía pueden cambiar conforme se incorporen nuevos datos y avancen las auditorías.
Entre los empresarios señalados como figuras centrales aparecen José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionados con distintas compañías que participaron en procedimientos de contratación pública.
La lista incluye a Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
Aunque las empresas se presentaban como participantes independientes en algunos concursos, el análisis encontró coincidencias entre sus propietarios, representantes legales, domicilios, números telefónicos y relaciones familiares.
Estas conexiones llevaron a las autoridades a revisar si detrás de distintas razones sociales existían intereses empresariales compartidos que les permitían intervenir en los mismos procedimientos de contratación.
Licitaciones bajo sospecha de simulación
Uno de los puntos que concentra la atención de la investigación es la posible coordinación entre compañías durante las licitaciones.
La Secretaría Anticorrupción expuso indicios de que algunas empresas relacionadas habrían presentado propuestas económicas previamente coordinadas para definir cuál obtendría el contrato.
De confirmarse, este mecanismo habría permitido aparentar competencia entre proveedores que en realidad tendrían vínculos entre sí.
La revisión también encontró casos de compañías que compartían domicilios y representantes, así como registros de empresas sin trabajadores declarados o sin una capacidad técnica claramente identificada para prestar los servicios por los que recibían recursos públicos.
Otro aspecto que se encuentra bajo análisis es la posible dispersión del dinero entre distintas sociedades y personas físicas.
Las autoridades buscan establecer si las transferencias sucesivas dificultaron conocer quiénes recibían finalmente los recursos provenientes de los contratos electorales.
Los señalamientos todavía deben ser comprobados. La información presentada por Buenrostro constituye una serie de indicios que tendrán que ser revisados por las instancias competentes para establecer si existieron acuerdos ilegales, simulación de competencia o responsabilidades administrativas y penales.
La historia comenzó antes del INE
La revisión gubernamental encontró antecedentes de contrataciones desde 1999, cuando compañías relacionadas con esta estructura comenzaron a obtener negocios con el entonces Instituto Electoral del Estado de México.
Durante la presentación también se mencionaron antecedentes laborales de los empresarios en dependencias vinculadas con la Secretaría de Gobernación y posteriormente con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Uno de los episodios recuperados fue el escándalo electoral de 2005 en el Estado de México, relacionado con contratos de este grupo empresarial y que terminó con la renuncia de siete consejeros electorales de aquella entidad.
Para el Gobierno federal, estos antecedentes muestran que las relaciones comerciales investigadas no aparecieron durante los últimos años, sino que habrían atravesado diferentes administraciones y estructuras electorales.
Sheinbaum rechazó que el caso deba concentrarse únicamente en la gestión de Guadalupe Taddei, actual presidenta del INE.
La mandataria señaló que la revisión debe abarcar los periodos anteriores y las decisiones que permitieron que determinados proveedores conservaran contratos durante tanto tiempo.
También recordó que Taddei fue designada en 2014 como presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del entonces INE, encabezado por Lorenzo Córdova.
La Presidenta cuestionó la continuidad de las relaciones entre integrantes de las instituciones electorales y la permanencia de un grupo reducido de proveedores en las contrataciones de materiales.
Las referencias a Taddei y Córdova forman parte de los cuestionamientos institucionales planteados por Sheinbaum y no representan, por sí mismas, pruebas de que alguno de ellos haya participado en las presuntas irregularidades.
La Secretaría Anticorrupción también revisa si las compañías investigadas consiguieron contratos con dependencias del Gobierno federal.
Hasta el momento de la exposición, Buenrostro informó que no habían localizado adjudicaciones federales relacionadas con esas empresas.
En caso de que se acrediten irregularidades, cualquier inhabilitación de proveedores deberá realizarse mediante los procedimientos legales correspondientes.
UIF bloquea cuentas por movimientos financieros
La investigación ya llegó al ámbito financiero. Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó cuentas bancarias relacionadas con las indagatorias, después de recibir elementos derivados de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El titular de la UIF informó que la medida se tomó un día antes de la conferencia matutina.
Sin embargo, todavía no se contaba con el número definitivo de cuentas involucradas ni con los montos correspondientes, debido a que se encontraba pendiente recibir información de las instituciones bancarias.
Los nombres de las personas incluidas en los mecanismos de bloqueo tampoco fueron revelados, ya que los expedientes tienen carácter reservado.
Entre las operaciones que despertaron sospechas se encuentran transferencias en las que el dinero permanece poco tiempo en una cuenta antes de pasar a otra persona o empresa. También se revisan movimientos hacia individuos cuya actividad económica aparentemente no corresponde con las cantidades recibidas.
Las autoridades buscan determinar si los recursos obtenidos mediante los contratos electorales fueron trasladados entre distintas cuentas para dificultar el rastreo de su procedencia y destino.
Sheinbaum aclaró que, de acuerdo con lo informado hasta ahora, no se había identificado una relación entre la red empresarial y algún grupo delictivo. No obstante, indicó que se investigan posibles operaciones de lavado de dinero.
La UIF explicó que su participación consiste en analizar los movimientos financieros y proporcionar información al Ministerio Público para que las autoridades ministeriales determinen si existen elementos para proceder legalmente.
Sheinbaum amplía revisión a antiguos titulares del IFE
La investigación también tiene un componente político relacionado con quienes encabezaron las autoridades electorales en años anteriores.
Un día antes de la presentación, el miércoles 4 de noviembre, Sheinbaum solicitó ampliar la revisión de los contratos de materiales electorales durante las presidencias de Luis Carlos Ugalde en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y de Lorenzo Córdova en el INE.
La mandataria mencionó el libro Así lo viví, de Ugalde, en el que el expresidente del IFE relata las circunstancias de su llegada al cargo y el respaldo político que recibió para ocupar esa responsabilidad.
También recuperó los cuestionamientos relacionados con las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, como parte de los antecedentes que considera necesario revisar al analizar la evolución de las instituciones electorales.
Sobre Córdova, Sheinbaum cuestionó que durante su presidencia, entre 2014 y 2023, no se modificara el esquema de contratación de materiales, pese a que un grupo reducido de empresas habría mantenido su presencia como proveedor.
La Presidenta insistió en que la investigación debe reconstruir las decisiones institucionales que hicieron posible la continuidad de esas compañías, en lugar de limitarse a revisar los contratos más recientes.
Talleres Gráficos entraría a la producción electoral
Además de las investigaciones, el Gobierno federal prepara cambios en la manera en que se adquieren y producen los materiales utilizados durante las elecciones.
Sheinbaum planteó fortalecer Talleres Gráficos de México mediante la modernización de sus equipos y el incremento de su participación en la fabricación de insumos electorales.
La propuesta contempla que esta institución tenga mayor capacidad para producir materiales como urnas y mamparas, además de revisar los procedimientos de adquisición utilizados por el INE y los organismos electorales estatales.
Otro de los cambios planteados consiste en establecer precios de referencia para las contrataciones y ampliar la participación de fabricantes que cuenten con capacidad para suministrar los productos requeridos por las autoridades.
En el caso de las boletas electorales, la mandataria señaló que deben existir mecanismos de vigilancia sobre todo el proceso, desde su elaboración hasta su entrega y resguardo.
La intención es reforzar la transparencia y permitir que haya supervisión institucional y ciudadana sobre la cadena de custodia.
Sheinbaum adelantó que la próxima semana presentará una propuesta para modernizar Talleres Gráficos de México y ampliar sus capacidades de producción.
El proyecto está relacionado con la preparación de las elecciones de 2027, cuando los organismos electorales deberán contar con los materiales necesarios para organizar los comicios.
Auditorías definirán si hubo irregularidades
La presentación de la Secretaría Anticorrupción abre una revisión sobre contratos que, de acuerdo con los antecedentes expuestos, se habrían mantenido durante casi tres décadas en distintas instituciones electorales.
Las investigaciones deberán establecer quiénes participaron en las contrataciones, qué relaciones existían entre los proveedores, cómo se asignaron los recursos y si hubo funcionarios que facilitaron posibles beneficios indebidos.
La ASF, la UIF y las autoridades ministeriales tendrán que reunir y contrastar la información para determinar si los indicios presentados pueden convertirse en responsabilidades administrativas o penales.
Por ahora, los 2 mil 740.3 millones de pesos corresponden al valor de los contratos identificados entre 2015 y 2025.
La cantidad no representa un daño patrimonial comprobado ni significa que todo ese dinero haya sido desviado.
El Gobierno federal busca establecer si las empresas actuaron de manera coordinada para concentrar las contrataciones electorales, quiénes fueron sus beneficiarios finales y si existieron mecanismos para evadir la competencia en los concursos públicos.
Los resultados de las auditorías y las investigaciones financieras serán los que permitan determinar si detrás de los contratos hubo una estructura ilegal y quiénes tendrían que responder ante las autoridades.
