Tabla de contenido
Ciudad de México.- El gobierno mexicano endureció el cerco regulatorio sobre el sector agroexportador del noroeste del país. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes que todas las empresas con operaciones en San Quintín, Ensenada y el norte de Baja California Sur deberán acreditar, en un plazo máximo de seis meses, que sus trabajadores cuentan con seguridad social registrada ante el IMSS.
Quienes no obtengan el certificado correspondiente quedarán excluidas de la cadena de exportación a partir de septiembre. La medida responde a un diagnóstico oficial que documenta jornadas de hasta 18 horas diarias bajo el esquema de pago por destajo, particularmente entre la población migrante que sostiene la cosecha en la región.
El nuevo filtro comercial para la agroindustria
El certificado de seguridad social se convertirá en un habilitador comercial obligatorio. La administración de Sheinbaum estableció que, transcurrido el semestre de prueba, ningún producto proveniente de las zonas agrícolas mencionadas podrá ser exportado sin la constancia del IMSS. Esto impacta directamente a los principales compradores internacionales —Estados Unidos y Canadá—, que bajo el TMEC han elevado sus estándares de trazabilidad y cumplimiento laboral. La decisión alinea la oferta exportadora mexicana con las cláusulas laborales del T-MEC, evitando posibles sanciones arancelarias o vetos por trabajo forzoso.
Riesgo de exclusión y costo de incumplimiento
Las empresas que dependen de la exportación de berries, tomate y vegetales de invierno enfrentan ahora un costo de no cumplimiento: perder el acceso a los mercados de Norteamérica. El sector genera divisas anuales superiores a los 1,200 millones de dólares solo en esa región. La amenaza de retirar el certificado es, en términos prácticos, una barrera de entrada renovada que obliga a las compañías a internalizar el costo de la seguridad social, estimado en alrededor del 30% del salario base, que históricamente han evadido.
Supervisión directa y centro de denuncias
Sheinbaum detalló que el gobierno activó un centro de atención en San Quintín para que los jornaleros —mayoritariamente indígenas y migrantes— presenten quejas sin intermediarios. La Secretaría del Trabajo y el IMSS realizarán visitas conjuntas y la presidenta adelantó que regresará a la zona en seis meses para verificar el avance. "No es un simulacro", advirtió, al subrayar que la inspección no será voluntaria ni esporádica.
Inversión social paralela: 40 mil pesos por familia
Paralelamente, el gobierno aprobó un apoyo de 40 mil pesos directos a 36 mil familias para mejorar vivienda y electrificación. Aunque esta partida es menor frente al tamaño de la inversión privada en la región (se estima en más de 2,500 millones de pesos anuales), busca desactivar tensiones sociales y ofrecer un paliativo inmediato mientras se regulariza el grueso del empleo formal.
La medida de Sheinbaum transforma el cumplimiento laboral en un requisito de acceso al mercado. Para los agroexportadores de Baja California y Baja California Sur, la ecuación es clara: regularizar a la totalidad de su fuerza de trabajo —incluyendo a los jornaleros eventuales e indígenas— o quedar fuera del negocio internacional a partir del último trimestre de 2026. El mercado ya observa; los compradores estadounidenses, presionados por las disposiciones del T-MEC, exigirán evidencia documental. El plazo corre, y el costo del incumplimiento podría ser mayor que el de la formalización.
