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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó al Gabinete de Seguridad trasladarse a Sinaloa para coordinarse con el gobierno interino tras la salida de Rubén Rocha. El objetivo es mantener sin cambios la estrategia de seguridad en el estado y evitar vacíos operativos en un momento de presión política.
La instrucción incluye una reunión directa con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, para reafirmar la colaboración entre autoridades federales y estatales. El mensaje es simple, la operación continúa, independientemente del relevo en el gobierno local.
Presión externa, respuesta interna
En paralelo, el caso tomó dimensión internacional. Una corte en Nueva York solicitó una detención con fines de extradición contra Rocha y otros funcionarios, pero el gobierno mexicano sostiene que no hay pruebas suficientes que justifiquen la urgencia de la petición.
Por eso, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió aclaraciones formales y la Fiscalía General de la República solicitó más evidencia antes de avanzar. La discusión no es si procede o no, sino bajo qué condiciones y con qué sustento.
Soberanía no se negocia
Sheinbaum fijó postura, la cooperación con otros países no puede pasar por encima de la soberanía. Cuestionó además la difusión pública del caso, al considerar que un proceso de este tipo debería mantenerse bajo confidencialidad.
También rechazó las versiones sobre su visita a Palenque, que —dijo— ya estaba programada por temas de infraestructura y no por motivos políticos. Negó cualquier reunión con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y calificó las críticas como parte de una narrativa que busca desacreditar su gobierno.
Desde el Ejecutivo, el argumento se mantiene en que no hay protección a funcionarios y las acciones contra autoridades vinculadas al crimen han sido consistentes, sin importar el partido. En ese contexto, Sinaloa se mantiene como un punto clave donde coinciden seguridad, presión internacional y disputa política.
