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Retienen una hora a padres de Ayotzinapa en la entrada a CDMX; denuncian criminalización

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron retenidos durante aproximadamente una hora en la caseta de Tlalpan, donde rechazaron la revisión de los autobuses

Elementos de seguridad solicitaron revisar los autobuses con apoyo de binomios caninos. Foto: Somos El Medio.

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Ciudad de México.— Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron retenidos durante aproximadamente una hora en la caseta de Tlalpan, cuando se dirigían a la Ciudad de México para participar en la marcha mensual con la que exigen verdad y justicia por el caso.

El grupo, acompañado por estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", rechazó la revisión de los autobuses en los que viajaba y calificó el operativo de seguridad como un acto de "criminalización". Tras una negociación con autoridades federales, las unidades continuaron su trayecto.

Operativo en caseta de Tlalpan provoca tensión antes de la marcha por Ayotzinapa

Elementos de seguridad solicitaron revisar los autobuses con apoyo de binomios caninos y pidieron abrir los compartimentos de equipaje. Los familiares se negaron al señalar que únicamente acudirían a la movilización mensual para exigir el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes.

El abogado de las familias, Isidoro Vicario, afirmó que los padres no buscaban confrontarse con las autoridades y recordó que, a más de 11 años de los hechos, continúan exigiendo una investigación efectiva. El paso fue liberado después de la intervención del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.

Normalistas retienen autobuses y marchan por los 141 meses del caso Ayotzinapa

Mientras tanto, en Chilpancingo, estudiantes de Ayotzinapa retuvieron entre 10 y 15 autobuses de pasajeros para trasladarse a la capital del país y participar en la movilización conmemorativa por los 141 meses de la desaparición de los normalistas.

El gobierno federal sostuvo que la revisión formó parte de un operativo de seguridad aplicado en los accesos a la Ciudad de México con motivo del Mundial de Futbol 2026 y negó que se tratara de un acto para criminalizar la protesta social.

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