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Por Eduardo Serna
Se presentó la nueva estrategia nacional del Registro nacional de búsqueda desde la mañanera el viernes 27 de marzo. De manera confusa y demagógica, se sigue apostando a la reinterpretación de cifras, creando grupos y subgrupos, que más permite ver una estrategia poco clara, en donde se recurre a la salida fácil que señala al pasado con el término de “desaparición forzada” y a las del presente como “no localizadas”. Dando a entender que lo del pasado sí fueron crímenes de Estado y mágicamente lo que sucede hoy obedece a otras causas ajenas al poder. El excandidato a magistrado Federico Anaya califica esto como una “danza de cifras”, al referirse al toqueteo de números diferenciando cifras del pasado con las del presente, que podría dar a entender que solo se busca deslindarse del pasado del “Estado criminal”.
Pongan atención, aunque no se entienda, trate de leer hasta el final, no se me vayan a perder. Según la danza de números que se presentaron: 394 mil 645 casos de personas desaparecidas y no localizadas; este es el 100 % de los casos (dicha cifra incluye casos desde el año 1952 a la fecha); de las cuales el 66 %, que serían 262 mil 111, han sido localizadas, y según el 92 %, que serían 240 mil 211, fueron encontradas con vida; mientras que 132 mil 534 no localizadas y desaparecidas, de las cuales 2356 fueron hechos que sucedieron entre 1952 y 2005; aquí se marca muy bien que estas víctimas tienen que ver directamente con actos de represión mediante el poder del Estado, ok. Por otro lado, de 2006 a la fecha: 130 mil 178 registros que siguen desaparecidas; de este total se derivan a partir del análisis tres grupos distintos: el primero corresponde a 46 mil 742, el 36 % del total que no tienen datos completos; no tienen nombre, sexo, fecha de desaparición o datos concretos. ¿Cómo fueron registradas entonces? No lo dijeron. Del segundo grupo sí se tienen registros completos; son 40 mil 308 que son el 31 % del total, y de estos se tiene registro de movimientos posteriores a su desaparición: altas en el SAT, matrimonios, registros en el INE, sugiriendo entonces que están vivos. El tercer grupo de solo 43 mil 128 casos, 33 % del total, corresponde a registros con datos completos y sin encontrar actividad administrativa posterior a la fecha de desaparición.
Después de esto no puedo imaginar siquiera la cara de una madre buscadora o de un padre: una exposición numérica confusa, “una danza de números”, como lo calificó el abogado Anaya. ¿Es esto el avance en materia de búsqueda de personas? Entré a la plataforma y no es intuitiva, es compleja; ofrece láminas y porcentajes que, si eres un ciudadano común y no un técnico del Registro nacional de búsqueda, es muy difícil de operar. La persona que hizo la exposición de estos números cerró diciendo: “A raíz de este análisis, la sociedad y las familias pueden tener certeza en los registros y mejores herramientas para buscar a las personas”.
No sé usted, querido lector de esta columna, pero no creo que ninguna madre buscadora o familiares encuentren certeza en números, láminas, porcentajes, nomenclatura del pasado y para el presente; estamos hablando de seres humanos aquí. Se mencionó también los avances de la aplicación a las reformas de las leyes de búsqueda de personas de 2025. Una serie de medidas y alertas; se presentaron más láminas y se mencionó que a partir de la reforma es obligatorio que las fiscalías abran carpetas (supongo que completas) para poder investigar y evitar la impunidad.
Se habló también que las fiscalías tienen la obligación de crear unidades especiales, de seguimiento cibernético, atención y seguimiento a búsqueda inmediata y de larga data, etcétera. Esto último fue expuesto por la secretaria Rosa Ícela Rodríguez; es una exposición que fue mecánica y demagógica. Teniendo en cuenta la experiencia anterior, la fiscalía de Tortugertz y las fiscalías estatales, suponiendo que siga esta inercia en la parte del poder judicial que no ha sido reformada desde la época del PRI y el PAN, pues todo suena bien, pero para la sociedad y las familias representaría las mismas torturas burocráticas en los ministerios públicos corruptos, mal preparados y que muchas veces desde aquí por la infiltración del crimen nace la impunidad.
Y no fueron pocas las voces que, desde la trinchera ciudadana, salieron al paso de esta puesta en escena gubernamental. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha acompañado a decenas de familias en su calvario, desnudó la operación retórica: “acotar a 43.128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos”. La organización Fundar, por su parte, apuntó directamente al corazón del problema al señalar que “pretender validar únicamente una cifra reducida basándose en la burocracia de las fiscalías es un intento de minimizar la crisis para evadir la obligación de búsqueda”.
Y es que la propia funcionaria Figueroa soltó un número que debería encender todas las alarmas: de esos 43.128 casos con datos completos y sin rastro de vida administrativa, las fiscalías apenas han abierto 3.869 carpetas de investigación. Es decir, mientras el gobierno se jacta de su nueva Plataforma Única de Identidad y de la CURP Biométrica como herramientas de vanguardia, en los ministerios públicos, esos mismos que son señalados como “corruptos y mal preparados”, la gran mayoría de las desapariciones siguen sin investigación. Como lo ha denunciado el Centro Prodh, esas cifras “evidencian los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo, donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías”. La madre buscadora, entonces, no solo enfrenta el vacío de un ser querido que no aparece, sino la frialdad de un Estado que le entrega láminas y porcentajes mientras la impunidad sigue siendo la regla.
Esto no refleja al humanismo mexicano, se necesita sensibilidad, se convoca a los colectivos y organizaciones de derechos humanos para las consultas que derivaron en esta presentación, mucha humanidad se les perdió en el proceso. Me da la impresión que sucedió algo parecido, como la reforma a la ley de aguas nacionales, en donde se consultó a todos los grupos protectores del agua y colectivos y al final no se tomó en cuenta nada de lo que aportaron esos grupos.
Como siempre lo invito a reflexionar y tomar acción.
