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La reciente reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece el marco normativo para la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación en junio de 2025. El proceso, sin precedentes en México, establece reglas específicas sobre la participación de candidatos en campañas y la promoción del voto.
Las disposiciones permiten que los aspirantes a cargos judiciales, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral, jueces de distrito y magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, realicen campañas bajo criterios definidos.
Entre ellos, se autoriza el uso de redes sociales para difundir información sobre su trayectoria y propuestas, sin posibilidad de contratar publicidad pagada. Además, se permite la distribución de propaganda impresa, siempre que cumpla con criterios ecológicos, y la participación en debates y foros abiertos. Asimismo, los aspirantes pueden generar redes de apoyo ciudadano, con la condición de no recibir financiamiento externo.
El decreto también impone restricciones con el fin de garantizar la equidad y transparencia del proceso. Los candidatos tienen prohibido contratar publicidad en medios de comunicación tradicionales y digitales, recibir financiamiento de partidos políticos, empresas o particulares, y utilizar símbolos patrios o religiosos en su propaganda. Además, las actividades proselitistas solo podrán realizarse dentro del periodo autorizado, que iniciará 60 días antes de la elección.
El Instituto Nacional Electoral (INE) será el organismo encargado de organizar y supervisar el proceso. Para ello, habilitará un micrositio con información sobre los candidatos, organizará debates y fiscalizará el cumplimiento de las normas, con posibilidad de aplicar sanciones en caso de infracciones.
