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Ciudad de México.— La periodista y defensora indígena Marcela de Jesús Natalia llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la denuncia por la falta de justicia en las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, durante una audiencia pública realizada este 29 de octubre en Panamá.
Originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, y hablante de la lengua ñomndaa, la comunicadora expuso las omisiones de las autoridades en las investigaciones, los obstáculos que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia y las consecuencias de la violencia, entre ellas el desplazamiento forzado y las amenazas.
De acuerdo con la información publicada por CIMAC Noticias, Marcela participó en la audiencia para visibilizar no solamente su experiencia, sino también la situación de periodistas, personas defensoras, familiares y comunidades que han sufrido amenazas, desapariciones y asesinatos por defender sus derechos y territorios.
Documentan 113 homicidios y desapariciones; solo cuatro tienen sentencia
Durante la audiencia, Marcela presentó cifras de organizaciones civiles que documentaron 113 homicidios y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de septiembre de 2026. De esos casos, 20 fueron judicializados y únicamente cuatro cuentan con sentencia condenatoria.
El dato significa que 96.5% de esos casos permanece sin una sentencia condenatoria, porcentaje que las organizaciones participantes identificaron como un indicador de la impunidad que enfrentan las víctimas. La cifra corresponde a homicidios y desapariciones de personas defensoras, no al total de agresiones contra periodistas y defensores.
La organización ARTICLE 19 confirmó esos datos en un pronunciamiento difundido el mismo día de la audiencia, en el que exigió al Estado mexicano medidas para mejorar las investigaciones y garantizar el acceso a la justicia.
Marcela señaló que la falta de respuestas judiciales prolonga el daño a las víctimas y sus familias, genera desgaste físico, económico y emocional, y favorece que continúen las agresiones.
También expuso que las mujeres periodistas enfrentan violencias particulares. En ese sentido, citó registros de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), que contabilizó 530 agresiones contra mujeres periodistas entre octubre de 2022 y septiembre de 2026.
Nueve años después del atentado, Marcela continúa desplazada
La periodista también expuso su propio caso. El 3 de junio de 2017 fue atacada a balazos cuando salía de las instalaciones de Radio y Televisión de Guerrero, en Ometepec. La agresión le provocó heridas graves y la obligó a abandonar su comunidad por motivos de seguridad.
En entrevista con CIMAC Noticias, publicada el 26 de octubre, relató que continúa desplazada y que, aunque logró recuperar su plaza laboral en el sistema estatal de radio y televisión, todavía no ha podido regresar a ejercer su trabajo frente al micrófono.
La comunicadora denunció que la investigación no ha esclarecido plenamente los hechos y que la persona que señala como presunta autora intelectual no ha sido investigada. También cuestionó que el responsable material que identificó haya sido liberado.
Durante su intervención ante la CIDH, insistió en que las investigaciones deben considerar el trabajo periodístico y la defensa de derechos humanos como posibles líneas de investigación, además de incorporar perspectivas de género e interseccionalidad cuando las víctimas pertenecen a comunidades indígenas.
Marcela pidió que el Estado mexicano garantice investigaciones efectivas, protección para las víctimas y mecanismos que permitan conocer el avance de las denuncias. Su participación buscó que la exigencia de justicia no se limite a su caso, sino que incluya a las comunidades y personas que enfrentan violencia por ejercer la libertad de expresión y defender sus derechos.
