Tabla de contenido
Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene abierta la posibilidad de desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en centros de votación durante las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre, en medio de sus advertencias sobre los resultados electorales y los conflictos con autoridades estatales.
Trump se negó a descartar el envío de agentes migratorios a las casillas durante una entrevista con la revista Time. La posibilidad ha generado preocupación entre organizaciones defensoras del derecho al voto, que advierten que la presencia de personal migratorio podría desalentar la participación de ciudadanos naturalizados y comunidades racializadas.
El mandatario también ha advertido que podría impedir el conteo y la certificación de resultados en Alaska y Minnesota si los republicanos no obtienen la victoria. Ambos estados han recurrido a los tribunales para frenar acciones federales relacionadas con sus procesos electorales.
La ley federal limita la presencia de agentes en las casillas
La legislación estadounidense establece restricciones específicas para evitar que las fuerzas armadas o agentes federales intervengan en los lugares de votación. El artículo 18 del Código de Estados Unidos, sección 592, prohíbe enviar tropas o personal armado a los centros electorales, salvo excepciones muy limitadas, como repeler una amenaza armada.
A su vez, la sección 594 establece que intimidar, amenazar o coaccionar a una persona para interferir con su derecho al voto constituye un delito federal, sancionable con multa o hasta un año de prisión.
Estas disposiciones también son aplicables a las actuaciones de agentes federales de seguridad, incluidos los del Departamento de Seguridad Nacional. El análisis de la organización National Task Force on Election Crises señala que las leyes federales y estatales restringen ampliamente el despliegue de fuerzas federales en los centros de votación.
La administración Trump ha sostenido que no tiene planes de desplegar agentes migratorios de manera generalizada en las casillas. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró que ICE solo acudiría a un centro electoral ante una amenaza o para ejecutar una orden de arresto contra una persona que estuviera siendo buscada.
Organizaciones civiles preparan vigilancia electoral
Ante el riesgo de interferencias, organizaciones ciudadanas y defensoras de los derechos civiles preparan una red de observadores para documentar posibles actos de intimidación, irregularidades o intervenciones que obstaculicen el ejercicio del voto.
La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Common Cause participan en la organización de voluntarios que estarán atentos a lo que ocurra en los centros electorales.
Según la información de La Jornada, una coalición religiosa también reclutó a más de mil 200 capellanes para contribuir a mantener la calma durante la jornada electoral. Por su parte, autoridades estatales y abogados preparan mecanismos para responder ante posibles intervenciones federales que consideren ilegales.
La disputa ocurre en un contexto de tensiones entre el gobierno federal y las autoridades estatales, pues en Estados Unidos la organización, administración y certificación de las elecciones corresponde principalmente a los gobiernos de cada estado.
Las elecciones intermedias del 3 de noviembre renovarán la Cámara de Representantes y parte del Senado, además de diversos cargos estatales y locales. La controversia sobre la presencia de agentes migratorios ha colocado en el centro del debate no solo la seguridad electoral, sino también las garantías legales para que la ciudadanía pueda votar sin amenazas ni intimidación.
