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Ciudad de México.- El sistema de justicia penal en México enfrenta una falla estructural que trasciende la reforma judicial. Según el estudio “Radiografía de la Impunidad 2024” de México Evalúa, el país opera bajo un modelo de ineficiencia sistémica. Mariana Campos, directora general de la organización, describe el proceso como una "tubería" donde la gran mayoría de los casos se filtran antes de llegar a una resolución. La métrica es contundente: el 89% de los expedientes que ingresan al sistema no encuentran una solución efectiva, dejando al Estado con un margen de maniobra operativo mínimo.
Un mercado de impunidad que supera a Colombia
La desconfianza ciudadana ha creado un ecosistema de subdenuncia sin precedentes. Mientras que en países con historias de violencia extrema, como Colombia, la cifra de delitos no denunciados ronda el 70%, en México el indicador escala al 93%. Esta "cifra negra" no es una casualidad estadística, sino el resultado de un cálculo costo-beneficio de los ciudadanos: denunciar se percibe como una pérdida de tiempo frente a una autoridad que carece de incentivos para investigar.
El rezago se duplica
Desde una perspectiva de gestión, las fiscalías estatales muestran indicadores de productividad alarmantes. Entre 2019 y 2024, el inventario de expedientes pendientes se duplicó, pasando de 1.3 a 2.6 millones de casos. Este cuello de botella se atribuye a:
- Déficit Operativo: Falta de coordinación entre policías y ministerios públicos.
- Subinversión: Carencias críticas en tecnología y presupuesto para trabajo de campo.
- Gestión de Crisis: Una estructura administrativa que no logra procesar el volumen de entrada.
Reparación vs. encarcelamiento
El análisis identifica que las fiscalías con mejores métricas de desempeño son aquellas que han pivotado hacia mecanismos alternativos de solución. La reparación del daño surge como una "válvula de escape" eficiente para un sistema saturado. Según Campos, la resolución práctica de conflictos ofrece respuestas más rápidas a las víctimas que la búsqueda tradicional de penas de cárcel, la cual suele quedar estancada en las etapas iniciales de la investigación.
Para combatir la opacidad, México Evalúa lanzó Data Justicia, una plataforma de indicadores dinámicos basada en datos del INEGI. El objetivo es permitir una auditoría social y técnica del desempeño de las fiscalías en tiempo real. La transparencia, concluye el reporte, es el único activo capaz de reducir el riesgo institucional y restaurar la confianza en el sistema de justicia mexicano.
