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Ciudad de México.- En un hecho sin precedente en la historia reciente del estado, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, propuso que dos militares estuvieran a cargo de la seguridad y procuración de justicia de Guerrero, dejando de lado o invisibilizando la herida permanentemente abierta causada por el Ejército Mexicano al pueblo guerrerense en los últimos 55 años.
Este empeño de López Obrador de pretender “reconciliar y acercar” al Ejército con el pueblo de Guerrero, no ha resultado del todo exitoso, pues la memoria colectiva del daño causado por el Ejército Mexicano a los derechos humanos de cientos de guerrerenses sigue más viva que nunca y no se va a cerrar por decretos o voluntades presidenciales y, aunque Guerrero quiera mucho a Andrés Manuel y lo respalde en todo, el cariño también tiene sus límites.
Esta película de responsabilizarse mutuamente de una falla administrativa-jurídica-política en la detención de tres policías involucrados en el asesinato del estudiante Kothan Gómez, ocurrido el pasado 7 de marzo, y la posterior fuga de uno de ellos; remite, inevitablemente a la pugna que sostuvieron la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República en el caso y esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En ese caso era entendible que una autoridad civil discrepara de una autoridad militar, pero en este caso, los dos funcionarios provienen de la misma institución militar y fueron formados y educados con la misma ideología y estrategias para afrontar problemáticas sociales de alto impacto, por eso la extrañeza de que recurran a recursos algo vulgares de “echarse la bolita” mutuamente en la fuga del policía que asesinó a Yanqui Kothan.
Sandra Luz Valdovinos que, el pasado mes de febrero pidió licencia temporal de 6 meses para separarse de la Fiscalía General del Estado de Guerrero por cuestiones personales,-aunque después desistió de su solicitud, argumentando que nunca recibió respuesta del Congreso del Estado de Guerrero-, es una teniente coronel del Ejército Mexicano, que trabajó en la Procuraduría Militar y fue propuesta desde la federación. Su principal encomienda fue “limpiar y acabar con la corrupción” de la institución que, se dice está infiltrada por el crimen organizado.
El pasado mes de enero, arropada por el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, tomó protesta al General Rolando Solano Rivera como nuevo Secretario de Seguridad Pública, con “el objetivo de redoblar los esfuerzos, profundizando las acciones en perfecta coordinación con la implementación de tecnología e inteligencia, privilegiando la atención a las causas que originan la violencia, para conquistar la paz en Guerrero”.
Con menos de dos meses en el cargo, el general Rolando Solano y la arrepentida de su renuncia a la Fiscalía, la teniente coronel Sandra Valdovinos, están enfrascados en la disputa narrativa de quién de las dos instituciones es la responsable de la fuga del policía que asesinó al joven estudiante de Ayotzinapa khotan Gómez.
Indudablemente, porque así lo marca la lógica elemental, uno de los dos no dice la verdad e indudablemente esta crisis política y social de Guerrero tiene origen militar más que civil.
Hábil como es Andrés Manuel López Obrador, sabrá cómo salir de este embrollo en el que paradójicamente dice que “hubo complicidad de autoridades” en la fuga del policía que asesinó al estudiante Yanqui Khotan Gómez, ¿la pregunta es: a quién de sus dos militares se refiere?
