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Opinión.- Es preocupante lo que se está gestando en México en los últimos tiempos. Pareciera que se avecina una mordaza orquestada desde algunos gobiernos estatales (como el caso de la gobernadora Layda Sansores en Campeche, o el gobernador Alejandro Armenta Mier en Puebla) y desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Desde estos focos de poder, se han hecho gestiones y modificaciones legales (en el caso de Puebla) para censurar.
A algunos parece olvidárseles que antes que nada, son servidores públicos y que no pueden usar las leyes promulgadas para defender al pueblo en detrimento de la libertad de expresión. También conviene recordarles que al ejercer puestos de gobierno por elección popular, están sujetos al escrutinio constante de una población con ojo crítico. Como dicen en la 4T: "El pueblo está despierto y muy politizado".
Pero no, tampoco es como en los gobiernos prianistas del pasado (eso debe quedar claro). Aquí hablamos de otra cosa: no de la censura a ultranza donde "desaparecían" a quien osara opinar en contra. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionada sobre este tema en la mañanera, dijo textualmente: "Falso que haya censura", y lo repitió en varias ocasiones. Sin ánimo de llevar la contra, a continuación se describen los casos en los que "podría" percibirse el tufo fétido de la censura:
El caso de Puebla es grave. El gobernador Alejandro Armenta fabricó la mordaza, distorsionando la importante Ley Olimpia (creada para proteger a los ciudadanos del uso indebido de material digital privado). El gober Armenta tuvo la puntada de agregar una ampliación a dicha ley, incluyendo el artículo 480, redactado de manera mañosa y peligrosamente ambigua. Es decir, su interpretación queda en manos del juez de turno, lo que abre la puerta a aplicaciones arbitrarias. El objetivo: amordazar mediante denuncias por supuestos "insultos" en redes sociales. En otras palabras, quien critique al frágil gobernador Armenta podría enfrentar multas o sanciones. Esto, a todas luces, es censura. Después de modificar la ley, el gobernador dio marcha atrás y la sometió a foros de análisis. Ya veremos en qué queda, pero aquí "el orden de los factores sí altera el producto". Ya que primero se hizo el pozo para que se cayera el niño, y ahora revisan si lo tapan con el niño adentro o lo sacan antes. (La jugada, como ven, es confusa).
En el caso de la gobernadora Sansores, la situación es similar pero más grave, pues ya hay sentencia y una multa estratosférica. El periodista Jorge González la "criticó" (aparentemente), digo esto porque se trató de notas anónimas publicadas en un medio que por cierto, ya fue clausurado.
La gobernadora Sansores, alegando "violencia política de género", logró silenciar al periodista jubilado por dos años mediante demandas impulsadas por sus subalternos y las cortes campechanas (término que aplica tanto como gentilicio como adjetivo). Ahora están a punto de despojarlo de su patrimonio. Si esto no es censura, no sé qué lo sea. ¿Qué otro periodista se atreverá a tocar "ni con el pétalo de una rosa" a la gobernadora, so pena de perderlo todo en ese feudo?
En otros casos que rayan en lo ridículo, la actriz Laisha Wilkins fue demandada y multada por retuitear una nota periodística con el comentario: "Jajaja, Dora la Censuradora, jajaja" (y, de alguna manera, tenía razón). Situación similar vive la ciudadana Carla Estrella, quien tuiteó una crítica sobre cómo llegó al poder la diputada Diana Karina Barreras (esposa del diputado Gutiérrez Luna). En ambos casos, el TEPJF, haciendo híper interpretaciones de la ley de "violencia política de género", decidió amordazarlas al estilo de la Inquisición.
Al poder hay que cuestionarlo, y no debemos sufrir de desmemoria. Todos los casos aquí descritos son opiniones críticas basadas en nuestra realidad política y, en todo caso, estarían amparadas por el derecho constitucional a la libre expresión, nos gusten o no.
Aquí hay de dos sopas: o los "nuevos" servidores públicos tienen la piel muy delgada, o simplemente se está orquestando una operación mordaza contra el ciudadano de a pie. Por cierto, no se ve un combate serio contra el mar de fake news que nos ahoga. A ningún pseudo-comunicador de las grandes televisoras lo he visto comparecer ante los tribunales por mentir (y vaya si mienten). A los que están callando son a periodistas y ciudadanos. ¿Tal vez esto sea solo el principio? Ya se aprobó la nueva ley de Telecomunicaciones para dotar al pueblo de internet (algo muy bueno). Pero yo me pregunto: ¿para qué quieren que tengamos internet si luego nos van a censurar? ¡Yo solo digo... mientras se pueda!
