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Ciudad de México.- El palacio legislativo de San Lázaro, el epicentro donde se debate y defiende el marco legal de los trabajadores mexicanos, enfrenta una tormenta legal en su propio patio.
Desde el pasado mes de abril, la Cámara de Diputados tomó la drástica decisión de retirar el apoyo económico mensual de 11 mil 800 pesos y diversas prestaciones que los trabajadores jubilados recibían desde hace más de 40 años. La respuesta no se hizo esperar: más de la mitad de los afectados ya inició una batalla jurídica contra el propio recinto que alguna vez los empleó.
Martín Melgoza, uno de los empleados en retiro, reveló que hasta el momento 280 de los 534 jubilados afectados han presentado demandas individuales antes del límite legal del 15 de julio, bajo la asesoría de Martín de la Madrid, exmagistrado laboral.
La indignación creció luego de que las autoridades de la Cámara ofrecieran una bolsa de apenas 28 millones de pesos a repartir como finiquito único; una oferta que se traduce en unos 52 mil pesos por persona a cambio de firmar su renuncia definitiva a los derechos adquiridos. Según los inconformes, el desglose real de sus prestaciones debería garantizarles un finiquito superior al millón de pesos por cabeza.
Filtraciones, "engaños" y el salto a organismos internacionales
La crisis interna amenaza con desbordarse hacia los empleados actuales. Melgoza alertó sobre la circulación de un audio en redes sociales donde presuntamente se escucha al director de Recursos Humanos de la Cámara, Eduardo Medel Quiroz, y a la secretaria general del Sindicato, Irma Sánchez Aguilar, pactando futuros recortes a las prestaciones de los trabajadores en activo, incluyendo los estímulos de puntualidad.
Mientras unos 100 jubilados ya aceptaron el dinero de San Lázaro —muchos de ellos "engañados" y sin saber que renunciaban para siempre a sus fondos mensuales—, el bloque mayoritario no piensa cruzarse de brazos.
Además de planear nuevas movilizaciones y bloqueos en las calles de la capital, los afectados adelantaron que acudirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a otros tribunales globales. El mensaje es claro: si quienes hacen las leyes en México no las respetan, tendrán que responder ante el escrutinio internacional.
