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Estado de México.- El sur del Estado de México volvió a ser el escenario de un golpe de precisión contra la narcopolítica. En un operativo que parece sacado de una serie de televisión, elementos de la FGR detuvieron este viernes a Santos “N”, una de las figuras políticas más polémicas de la Tierra Caliente mexiquense.
Lo verdaderamente escandaloso del arresto es el lugar: las fuerzas federales irrumpieron en la mismísima Presidencia Municipal de Otzoloapan para esposarlo; el mismo centro político que él gobernó en tres ocasiones y que hoy está bajo el mando de su hija, la actual alcaldesa Esmeralda Cabrera.
Esta captura forma parte de la masiva ofensiva federal y estatal conocida como "Operación Enjambre", diseñada para desmantelar las redes de impunidad y corrupción de funcionarios vinculados con el crimen organizado. Santos “N” no es ningún improvisado ante la ley; con este arresto, el exedil de extracción priista acumula su tercera detención en un lapso de pocos años, consolidándose como un objetivo prioritario que siempre lograba evadir la prisión definitiva.
Secuestros, extorsión a rancheros y el cobijo de la Familia Michoacana
El expediente que arrastra el exalcalde es de un calibre pesado. Su historial con la justicia comenzó en marzo de 2019, cuando fue detenido junto a otra de sus hijas por la presunta privación ilegal de la libertad de varias personas.
Apenas un año después, en junio de 2020, la Guardia Nacional lo volvió a capturar en una ranchería local bajo acusaciones de operar activamente para el cartel de La Familia Michoacana, utilizando el nombre de la organización delictiva para intimidar, extorsionar y sembrar el terror entre los habitantes de la región.
Por si fuera poco, el año pasado enfrentó otra orden de aprehensión por extorsionar a los dueños de un rancho para obligarlos a cederle la propiedad. Aunque en todas las ocasiones anteriores sus abogados lograron sacarlo del penal de Santiaguito alegando "falta de pruebas", esta vez el escenario es completamente distinto.
Al entrar la FGR al juego bajo cargos federales de delincuencia organizada y secuestro, el exalcalde durmió nuevamente en Almoloya de Juárez, mientras el gobierno federal envía un mensaje contundente: los feudos familiares en el Edomex ya no son intocables.
