Tabla de contenido
Por Pedro García Huerta
Abogado y asesor en asuntos jurídicos y legislativos del autotransporte
Imaginemos a una persona que durante años ha trabajado sin descanso, ahorrando cada peso y sacrificando momentos con su familia para cumplir un sueño: comprar su propio camión. Quizá todavía lo está pagando, pero representa su patrimonio, su herramienta de trabajo y el sustento de sus hijos.
Un día, mientras su camión realiza un viaje, recibe una llamada que cambia su vida: su unidad ha sido robada.
En ese momento, su primera preocupación no es el vehículo ni la mercancía, sino la vida del operador. ¿Está bien? ¿Lo golpearon? ¿Sigue con vida?
Detrás del volante hay un ser humano que salió de casa esperando regresar. Lamentablemente, los robos en carretera han dejado operadores amenazados, golpeados, privados de su libertad e incluso asesinados, mientras sus familias enfrentan la angustia de no saber si volverán a verlos.
Pero las consecuencias no terminan ahí. El transportista debe responder por la mercancía, enfrentar reclamaciones de sus clientes, revisar las coberturas de seguro y asumir pérdidas económicas.
Para el llamado hombre camión, aquel que depende de una sola unidad para sostener a su familia, cada día sin trabajar significa un día sin ingresos, mientras las deudas y los gastos del hogar continúan acumulándose.
Después de días de incertidumbre, finalmente llega una noticia esperanzadora: las autoridades recuperaron su camión. Lo que debería ser el final de una pesadilla, muchas veces se convierte en el comienzo de otra.
La unidad queda a disposición de la Fiscalía y comienza un verdadero viacrucis: acreditar la propiedad, presentar documentos, esperar peritajes y realizar trámites burocráticos que pueden prolongarse durante semanas e incluso meses.
Y cuando finalmente se autoriza su devolución, aparece un nuevo obstáculo: los cobros por grúas, arrastre, salvamento y corralones.
En México se han documentado casos con cobros cercanos a los 200 mil pesos, cantidades que pueden resultar impagables para un pequeño transportista.
Primero la delincuencia le arrebata su patrimonio; después enfrenta trámites, pérdidas económicas y largas esperas; y finalmente debe conseguir una fortuna para recuperar lo que siempre fue suyo.
¿En qué momento la víctima terminó pagando las consecuencias de un delito que jamás decidió sufrir?
No hablamos solamente de un camión. Hablamos de los ahorros de toda una vida, del alimento de una familia y del futuro de sus hijos.
Por ello, desde el sector autotransporte hacemos un llamado al Congreso de la Unión y a los congresos de los estados para impulsar reformas que garanticen la gratuidad de los servicios de grúas, arrastre, salvamento y corralones cuando se trate de vehículos recuperados después de un robo, evitando trasladar esos costos a las víctimas.
Asimismo, es necesario agilizar los procedimientos de devolución de las unidades, sin comprometer las investigaciones, para evitar que los transportistas continúen sufriendo las consecuencias económicas de un delito del que fueron víctimas.
La delincuencia ya les ha arrebatado demasiado. No permitamos que recuperar lo suyo les cueste lo poco que les queda.
Y vale la pena reflexionar: si mañana nos robaran aquello por lo que hemos trabajado toda nuestra vida y después nos exigieran una fortuna para recuperarlo, ¿nos parecería justo?
El transportista ya fue víctima de la delincuencia. No permitamos que también lo sea del sistema que debería protegerlo.