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Chilpancingo, Guerrero.— La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), de la Casa de Justicia de Alcozacán, acusó a la alcaldesa de José Joaquín de Herrera, Micaela Manzano Martínez, de intervenir en el sistema de justicia comunitaria para intentar liberar a tres personas detenidas por homicidio calificado y lesiones, quienes permanecen bajo un proceso de reeducación en la comunidad de Ayahualtempa.
En un comunicado, la organización indígena señaló que la presidenta municipal acudió alrededor de las 18:00 horas del lunes 16 de noviembre a dicha localidad, donde presuntamente buscó facilitar la liberación de los detenidos mediante la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La CRAC-PF sostuvo que las tres personas son originarias de Ayahualtempa y enfrentan señalamientos por delitos graves, entre ellos homicidios cometidos contra habitantes de la propia comunidad.
CRAC acusa presuntos vínculos de la alcaldesa con Los Ardillos
En el mismo pronunciamiento, la organización lanzó acusaciones contra Micaela Manzano Martínez al señalarla de presuntos vínculos con el grupo delictivo Los Ardillos, encabezado por Celso Ortega Jiménez.
La CRAC-PF también mencionó a Mario Díaz, Adán Morales y Abel Procopio como presuntos integrantes o coordinadores relacionados con ese grupo criminal, y sostuvo que existiría una coordinación entre ellos y la presidenta municipal para intervenir en el caso de los detenidos.
Por estos señalamientos, la organización solicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, que investigue a la alcaldesa.
Las acusaciones no han sido respaldadas públicamente con una imputación judicial, una resolución o una investigación oficial conocida. Hasta el cierre de esta nota tampoco se había informado de una postura pública de la presidenta municipal, del Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera, de la Fiscalía estatal o del funcionario federal.
Conflicto por detenidos se remonta a un ataque armado de 2025
La disputa tiene como antecedente los hechos del 31 de octubre de 2025, cuando, según la versión de la CRAC-PF, un grupo de hombres armados encabezado por Evaristo Bolaños de Jesús atacó a habitantes de Ayahualtempa, antes de una reunión a la que habían sido convocadas autoridades comunitarias.
La organización informó que, después de aquella agresión, fueron detenidas 28 personas. Algunas quedaron en libertad y otras continuaron bajo investigación. De ese grupo, tres permanecen bajo el sistema comunitario de reeducación por señalamientos de homicidio calificado y lesiones.
La CRAC-PF afirmó que la Fiscalía estatal tuvo conocimiento de los hechos y cuestionó que ahora pretenda intervenir para modificar la situación de los detenidos a petición de la alcaldesa.
También rechazó que exista un documento oficial que establezca la desaparición de la Policía Comunitaria de Ayahualtempa y acusó que un documento de ese tipo habría sido elaborado por un representante jurídico del Ayuntamiento, lo que, según su versión, ha contribuido a la división interna de la localidad.
CRAC propone reunión el 30 de noviembre en Alcozacán
Ante el conflicto, los coordinadores comunitarios Benjamín Sánchez Hernández, Francisco Cuapango Tepetitlán, Salvador Ahuejote Pasado y Santiago Pablo Salazar manifestaron su disposición a dialogar, pero rechazaron acudir a una reunión convocada por la alcaldesa para este martes en Ayahualtempa.
En su lugar, propusieron realizar el encuentro el próximo 30 de noviembre, a las 10:00 horas, en la Casa de Justicia de Alcozacán, con participación del gobierno estatal y de la Fiscalía General del Estado.
La organización argumentó que cualquier intervención en el caso debe respetar la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, así como sus mecanismos internos de impartición de justicia, sustentados en el artículo 2 de la Constitución mexicana.
El conflicto ocurre en una región marcada por disputas entre grupos criminales y episodios de violencia. El pasado 28 de junio, la propia alcaldesa fue víctima de un ataque armado sobre la carretera Chilapa-Hueycantenango, a la altura de El Paraíso Tepila. Manzano Martínez resultó ilesa, mientras que su conductor sufrió heridas.
Por ahora, la confrontación entre la autoridad municipal y la CRAC-PF mantiene pendiente una definición sobre la situación de los tres detenidos, la posible intervención de las autoridades estatales y la respuesta federal a la petición de investigar los señalamientos contra la presidenta municipal.