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Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos dio un paso sin precedentes en el endurecimiento de su estrategia fronteriza al trasladar a la frontera con México un sistema militar no letal basado en tecnología electromagnética. El dispositivo —conocido como Sistema Activo de Negación (Active Denial System)— proyecta ráfagas invisibles de energía que provocan una intensa sensación de quemadura y ardor inmediato en la piel para obligar a las personas a dispersarse y huir del lugar.
De acuerdo con un memorando oficial revelado por la cadena CNN, la transferencia de esta tecnología bélica fue solicitada por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) al Pentágono para operarla en el límite sur desde septiembre pasado, por un periodo inicial de siete meses prorrogables.
La amenaza de disparos hacia territorio mexicano
El aparato va montado sobre vehículos artillados y cuenta con una antena capaz de dirigir los haces de energía hacia objetivos ubicados a más de 800 metros de distancia. Esta capacidad técnica encendió las alarmas debido a que, en múltiples tramos de la franja fronteriza —como en el río Bravo o el desierto de Arizona—, la separación geográfica es de apenas unas decenas de metros.
Especialistas e investigadores advierten que el amplio radio de cobertura del dispositivo abre la posibilidad técnica de que las radiaciones alcancen a personas, migrantes o pobladores que se encuentren plenamente dentro de territorio mexicano, sin que el documento precise protocolos ni responsabilidades diplomáticas en caso de registrarse un impacto transfronterizo.
Agentes civiles operarán la tecnología del Pentágono
Aunque el sistema fue desarrollado y utilizado previamente por el ejército estadounidense en conflictos bélicos en el extranjero, no será manejado por los más de 10 mil efectivos del Comando Norte desplegados en la frontera. Debido a restricciones constitucionales que impiden a las fuerzas armadas ejercer labores policiales directas contra civiles, la operación del vehículo electromagnético estará a cargo de agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La medida se suma a la línea dura en materia de disuasión impulsada por la Casa Blanca, planteando serios cuestionamientos éticos y legales sobre los argumentos que utilizarán las autoridades federales en caso de accionar esta tecnología militar contra grupos de migrantes indocumentados.
