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El gobierno de México ha señalado que el 74% de las armas utilizadas por el crimen organizado en el país provienen de manera ilegal de Estados Unidos, según datos del Departamento de Justicia estadounidense. Esta cifra fue destacada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante un mensaje difundido en redes sociales, en el que abordó la relación entre el tráfico de armas y la crisis de fentanilo que afecta a ambos países.
Sheinbaum subrayó que las armerías estadounidenses son la principal fuente de armas de alto poder para los grupos delictivos mexicanos, las cuales son utilizadas para proteger el traslado de drogas como el fentanilo hacia territorio estadounidense. “Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales”, afirmó la mandataria.
La presidenta mexicana rechazó las acusaciones de la Casa Blanca, que sugieren vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. Sheinbaum reiteró que México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos para combatir el tráfico de fentanilo, pero bajo principios de “responsabilidad compartida, confianza, colaboración y respeto a la soberanía”.
De acuerdo con cifras oficiales, entre 200,000 y 500,000 armas ingresan anualmente a México desde Estados Unidos, en un fenómeno conocido como el “río de hierro”. Estas armas, que incluyen rifles de alto calibre como el .50, son utilizadas por los cárteles para perpetrar actos de violencia y mantener el control de sus operaciones ilícitas.
En los últimos seis años, el gobierno mexicano ha confiscado 50,000 armas de alto poder, de las cuales el 75% tienen origen estadounidense. Ante esta situación, México ha emprendido acciones legales contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, acusándolos de facilitar el tráfico ilegal.
En 2021, México presentó una demanda contra el fabricante Smith & Wesson y varios distribuidores, alegando prácticas negligentes que contribuyen al tráfico de armas. Un año después, el gobierno mexicano demandó a cinco tiendas de armas en Arizona, vinculadas con la venta de al menos 566 armas recuperadas en México entre 2015 y 2019.
Estas acciones buscan no solo compensaciones económicas, sino también sentar un precedente para responsabilizar a la industria armamentista estadounidense por su papel en la crisis de violencia en México. Sin embargo, los fabricantes han rechazado las acusaciones, argumentando que no son responsables del uso final de sus productos.
El tráfico de armas ha exacerbado la violencia en México, como se evidenció en eventos como el enfrentamiento de 2019 en Culiacán, donde más de 600 hombres armados con rifles de asalto provenientes de Estados Unidos obligaron al gobierno mexicano a liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
México insiste en que detener el flujo ilegal de armas es crucial no solo para su seguridad interna, sino también para combatir problemas como el tráfico de fentanilo y la expansión del crimen organizado en Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum concluyó su mensaje enfatizando que “la soberanía no está a la venta” y que México no buscará la confrontación, sino la colaboración basada en el respeto mutuo.