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Puebla.- El conflicto territorial en San José Chiapa, Puebla, ha escalado de la resistencia ambientalista a una denuncia de alcance internacional que vincula al Estado mexicano con tecnologías de guerra utilizadas en Medio Oriente. Decenas de colectivos, académicos y defensores de derechos humanos de más de diez países han firmado una carta donde acusan a los gobiernos federal y estatal de desplegar un operativo de intimidación militarizado utilizando vehículos blindados de diseño israelí contra comunidades campesinas desarmadas.
La protesta civil, que mantiene la defensa de sus tierras frente a un polémico proyecto de tratamiento de residuos, se topó desde el 29 de junio con un cerco policiaco de fuerzas especiales ordenado por el gobernador Alejandro Armenta. Sin embargo, lo que encendió las alarmas globales fue el tipo de equipamiento desplegado en la zona: los vehículos tácticos Black Mamba APC SandCat.
De Cisjordania a las tierras de Puebla: el origen del SandCat
De acuerdo con la denuncia internacional difundida por el sitio Nodo de Derechos Humanos, estos vehículos blindados —ensamblados en México por TPS Armoring y Epel Tácticos— son derivados directos del modelo SandCat de la firma israelí Plasan.
La polémica radica en el historial de este equipamiento:
- Tácticas de ocupación: Las organizaciones firmantes aseguran que este mismo modelo es utilizado por el Ejército de Israel en redadas y operativos de control en Cisjordania y la Franja de Gaza.
- Complicidad internacional: Al desplegar esta tecnología contra comunidades rurales, los activistas sostienen que México viola sus deberes dentro de la Convención para la Prevención del Delito de Genocidio y el Tratado sobre el Comercio de Armas.
"Al normalizar y desplegar tecnología militar de linaje israelí para cometer sus propios crímenes (...), México se coloca en la cadena de complicidad", sentencia el pronunciamiento.
"Farol de la calle, oscuridad de la casa"
El documento cuestiona con dureza la congruencia de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras a nivel diplomático México mantiene una postura de condena a la ofensiva militar en Palestina, en el ámbito interno se acusa al Gobierno de utilizar el mismo arsenal conceptual y tecnológico para asfixiar la protesta social "en nombre de la sustentabilidad y el bienestar".
El detonante de la disputa en San José Chiapa es la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI). Aunque el discurso oficial promete empleo, inversión verde y mejoras en la gestión de residuos, los habitantes de las comunidades originarias denuncian que el proyecto se impuso sin consulta previa y pone en riesgo el agua y la viabilidad ambiental de sus tierras.
Un uso desproporcionado de la fuerza
La sola presencia de las tanquetas militares en una zona de manifestación pacífica constituye, según los firmantes, una violación directa a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y al Acuerdo de Escazú, el tratado de América Latina diseñado específicamente para proteger a los defensores del medio ambiente.
Hasta el momento, ni el Gobierno Federal ni la administración estatal de Puebla han emitido un posicionamiento oficial respecto al uso de estos blindados ni sobre el pliego de reclamos de las comunidades. Para los activistas, el silencio oficial solo confirma una preocupante normalización de la violencia de Estado: "Acabar con los crímenes contra la humanidad no será posible si desde abajo no hacemos visibles estas complicidades".
