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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido ponerle un alto a las presiones de Washington. La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó de manera contundente que el gobierno de EU no ha entregado ninguna prueba que sustente los presuntos vínculos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado.
A pesar de la solicitud de extradición urgente que presentó el Departamento de Justicia de EU contra Rocha Moya y otros nueve implicados por sus supuestos nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, la Fiscalía mexicana aclaró que el caso está congelado por falta de sustento extranjero.
Godoy Ramos fue tajante al descartar que en México se esté investigando al mandatario sinaloense por lavado de dinero o delitos fiscales. La funcionaria precisó que la indagatoria abierta en el país se limita estrictamente a las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York, sin que existan líneas de investigación locales alternas:
“No hemos ampliado la investigación a otros delitos. Están señalados los delitos por los que ellos dicen que nosotros debemos pedir la orden de aprehensión... No hay delitos que nos lleven a hacer este tipo de investigación (financiera)”, sentenció.
El caso Rocha es diferente: ¿Por qué no lo entregan por "Seguridad Nacional"?
Detrás de la negativa a proceder de forma exprés contra el político sinaloense, la FGR marcó una línea muy clara frente a las extradiciones masivas de capos que México ha realizado recientemente.
Ante los cuestionamientos de por qué cerca de 90 reos de alta peligrosidad sí fueron enviados a EU bajo criterios excepcionales de Seguridad Nacional, Godoy explicó la gran diferencia jurídica: todos esos delincuentes ya estaban tras las rejas en prisiones mexicanas y contaban con procesos penales vigentes en nuestro país.
En el caso de Rubén Rocha Moya y sus coacusados, la situación es completamente opuesta, ya que no existe ninguna orden de aprehensión previa en territorio nacional.
"Aquí lo que nos están pidiendo es una detención para efectos de extradición como una medida urgente, y se les ha pedido que expliquen por qué es urgente", concluyó la fiscal.
Con esto, México deja claro que se apegará estrictamente a los tiempos de la Ley de Extradición, obligando a las agencias estadounidenses a rendir cuentas antes de intentar tocar al polémico exgobernador.
