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Ciudad de México.- La discusión sobre seguridad se movió este viernes del terreno operativo al legal. La presidenta Claudia Sheinbaum puso una condición que busca cerrar cualquier margen de ambigüedad: ningún gobernador —ni alcalde— puede colaborar con actores extranjeros sin pasar por el filtro federal. No es una sugerencia, dijo, es regla constitucional.
El mensaje llega tras el episodio en Chihuahua donde murieron agentes de la CIA, un caso que detonó más preguntas que respuestas sobre quién autorizó qué.
La mandataria no se detuvo en los detalles del operativo; se concentró en el procedimiento: si no hay permiso, no hay colaboración válida.
Bajo esta lógica, la cooperación internacional no se cancela, pero sí se encapsula. La presidenta insistió en que cualquier interacción con gobiernos extranjeros —en especial con Estados Unidos— debe pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores y coordinarse con el gabinete de seguridad. Todo lo demás, sostuvo, rompe la cadena de mando.
El trasfondo no es menor: la tensión entre eficacia operativa y control político. Mientras algunas voces han defendido esquemas de colaboración más flexibles para combatir al crimen organizado, el Ejecutivo fija una línea: la soberanía no es negociable, incluso si eso ralentiza decisiones en campo.
Sheinbaum también utilizó el momento para marcar distancia con administraciones pasadas. Sin mencionar matices, señaló que hubo gobiernos que permitieron una presencia más laxa de agentes extranjeros en territorio nacional, en referencia al sexenio de Felipe Calderón. Su postura actual es la contraria: cooperación sí, pero bajo नियंत्रण estricto del Estado mexicano.
En paralelo, la presidenta defendió los resultados de su estrategia de seguridad —como el desmantelamiento de miles de narcolaboratorios— para reforzar su argumento de que la coordinación interna puede sostenerse sin ceder control operativo a actores externos.
El cierre fue menos técnico y más político: hay actores, dijo, que incluso piden intervención directa extranjera. Para el gobierno federal, ese tipo de planteamientos no solo son inviables, sino contrarios a la Constitución.
