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Ciudad de México.- En un movimiento coordinado por la Secretaría de Hacienda (SHCP) y el Banco de México, la administración de Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo estratégico con la Asociación de Bancos de México (ABM) para reducir los costos transaccionales en estaciones de servicio. La iniciativa busca contener la presión inflacionaria derivada de la volatilidad en los precios internacionales de la energía, exacerbada por las tensiones en Medio Oriente.
A partir del 1 de mayo, las instituciones financieras eliminarán la denominada "cuota de intercambio" en pagos con tarjeta de crédito y débito, la cual representa cerca del 80% de la comisión total que absorben los gasolineros. Según Hacienda, este subsidio indirecto al consumo pretende evitar que los márgenes operativos de las estaciones de servicio se trasladen al precio final en bomba de la gasolina y el diésel.
Hoja de ruta para la digitalización y el crédito
Más allá de la contención de precios, el sector financiero ve en esta medida un catalizador para la formalización de la economía. Emilio Romano Mussali, presidente de la ABM, calificó el acuerdo como una etapa inicial para incentivar la transición hacia un ecosistema de pagos digitales y reducir la dependencia del efectivo en el sector energético.
Desde la perspectiva bancaria, la estrategia busca integrar a más usuarios al sistema financiero mediante la generación de historial crediticio en transacciones cotidianas. Según el gremio bancario, la digitalización de estos pagos no solo optimiza la transparencia operativa, sino que reduce los riesgos asociados a actividades ilícitas y facilita la expansión del crédito al consumo en el mediano plazo.
Impacto logístico y vigencia del acuerdo
La medida también contempla un alivio directo para el sector transporte y logístico. Las empresas emisoras de vales de combustible aplicarán un descuento de 1.10 pesos por transacción, un componente crítico para suavizar los costos operativos de las flotas de distribución que impactan en los precios de bienes básicos.
El esquema tendrá una vigencia inicial hasta el 31 de octubre de 2026. Aunque el ahorro por operación se estima en 2.57 pesos para un ticket promedio, el Gobierno proyecta un efecto multiplicador significativo en la inflación general, dado el carácter transversal del costo del diésel en la economía mexicana.
Hacienda confirmó que esta estrategia de alivio temporal funcionará en paralelo con la política de estímulos fiscales al IEPS, configurando un frente común entre el sector público y la banca privada para estabilizar los precios energéticos durante el segundo y tercer trimestre del año.
