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Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a una pregunta de Bajo Palabra sobre el caso de Gloria Maganda, quien desde 2007 busca a su hijo Pablo y a su hermano Armando, desaparecidos en Acapulco. La mandataria anunció una modificación legal para garantizar que toda denuncia por desaparición derive en una carpeta de investigación formal.
"Lo que estamos planteando es que cuando se denuncia la desaparición tiene que abrirse una carpeta de investigación, no puede quedarse en un registro", declaró Sheinbaum. Esta reforma busca eliminar la actual práctica de algunos ministerios públicos que solo realizan registros administrativos sin iniciar investigaciones formales.
El caso de Maganda salió a la luz durante el aniversario de la colectiva Memoria y Verdad de Acapulco. La buscadora recibió en marzo de 2025 una respuesta de la Fiscalía indicando que no existía carpeta de investigación sobre la desaparición de sus familiares, pese a haber iniciado trámites desde 2008.
Sheinbaum explicó la diferencia entre ambos procedimientos: "Hay dos maneras en que un ministerio público puede registrar el caso: una es por un registro, sin abrir carpeta de investigación; y otra, es abriendo carpeta de investigación". La propuesta presidencial eliminaría la primera opción, haciendo obligatoria la investigación formal en todos los casos.
La presidenta instruyó a Arturo Medina, subsecretario de Gobernación, para revisar el caso específico de Maganda. "Hay que ver este caso en particular si se abrió o no la carpeta de investigación", señaló, al tiempo que reconoció la necesidad de cambiar el marco legal actual.
El nuevo mecanismo propuesto establecería que, una vez abierta la carpeta, esta solo podría cerrarse si la persona aparece o se resuelve el caso. "Si afortunadamente aparece [la persona desaparecida], se cierra la carpeta, pero no que se quede en un registro que después nadie le da seguimiento", precisó la mandataria.
Sheinbaum destacó que esta reforma forma parte de un paquete más amplio de medidas para mejorar la procuración de justicia en casos de desaparición forzada. El cambio buscaría evitar situaciones como la denunciada por Maganda, donde familias de víctimas enfrentan obstáculos burocráticos para acceder a información básica sobre las investigaciones.
La modificación legal también contemplaría mecanismos de supervisión para garantizar que los ministerios públicos cumplan con esta obligación. Sin embargo, la presidenta no especificó qué sanciones podrían aplicarse a funcionarios que incumplan el nuevo protocolo.
