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Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos colocó en el centro de una grave acusación judicial a la cúpula política y de seguridad de Sinaloa. Ante un tribunal federal de Nueva York, fiscales estadounidenses señalaron al gobernador Rubén Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con la facción criminal de Los Chapitos, ligada al Cártel de Sinaloa.
Según el expediente, los acusados habrían participado en una red de protección política, financiera y operativa para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. La acusación sostiene que también habrían protegido cargamentos, filtrado información sobre operativos oficiales y frenado investigaciones o detenciones contra integrantes del grupo criminal.
El documento judicial ubica a Rocha Moya como la figura política central del caso. La fiscalía estadounidense afirma que su campaña electoral de 2021 habría recibido respaldo de Los Chapitos mediante presuntas acciones de intimidación contra adversarios políticos, incluyendo secuestros y amenazas para alterar la contienda.
Además del gobernador y del alcalde de Culiacán, en la lista aparecen el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; exdirectores de la Policía de Investigación; exmandos de la Policía Estatal, y un excomandante municipal.
Washington también pidió la detención provisional de los señalados con fines de extradición. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, tras una revisión preliminar, la documentación enviada por Estados Unidos no incluye elementos de prueba suficientes para sustentar de inmediato esas solicitudes bajo el marco legal mexicano.
Mientras tanto, Rocha Moya rechazó de forma absoluta los señalamientos. En un mensaje público, sostuvo que las acusaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno” y aseguró que serán desmentidas.
Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha informado si iniciará alguna acción derivada de la petición estadounidense. Tampoco se han anunciado medidas locales frente a una acusación que alcanza a figuras clave del grupo político que gobierna actualmente Sinaloa.
