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Ciudad de México.— El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, a manos del crimen organizado, volvió a exhibir la fragilidad de la estrategia federal de seguridad. Pero en vez de reconocer los riesgos que enfrentan los gobiernos locales y las grietas en la coordinación con las fuerzas federales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por politizar la tragedia.
Durante su conferencia matutina —rebautizada como “la mañanera del pueblo”—, la mandataria modificó su agenda para abordar el crimen, pero rápidamente desplazó la atención del hecho hacia un discurso contra el expresidente Felipe Calderón y la llamada “guerra contra el narco”, iniciada en 2006.
“La guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales, esas no llevaron a nada”, sostuvo Sheinbaum, en presencia del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, y el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés.
El énfasis en el pasado —y no en las condiciones actuales de Michoacán, donde operan células de Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Blancos de Troya— fue interpretado por observadores como una maniobra discursiva para contener críticas por el repunte de violencia contra autoridades locales.
La tragedia, usada como tribuna política
Mientras los cuerpos del edil y sus escoltas eran velados en Uruapan, Sheinbaum aprovechó el foro presidencial para acusar a la oposición de “buitres” por supuestamente lucrar con el crimen.
“Ni siquiera hay empatía con lo que ocurrió. Es el uso político muy obvio”, dijo la mandataria, antes de insistir en que su gobierno no cederá a presiones para cambiar de estrategia.
Sheinbaum reiteró que su plan se sostiene en cuatro pilares: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia y coordinación institucional. Sin embargo, evitó referirse directamente a las condiciones de inseguridad en Michoacán ni a la protección insuficiente de autoridades municipales, uno de los sectores más golpeados por la violencia.
La presidenta también aprovechó la coyuntura para deslizar un nuevo ataque a la oposición y a las movilizaciones ciudadanas convocadas para el próximo 15 de noviembre, a las que atribuyó “dinero detrás” y “fines desestabilizadores”.
“¿Qué proponen? Nada más que mano dura. Se necesita justicia… no regresar al pasado”, insistió, aludiendo nuevamente a los gobiernos panistas.
El pasado como escudo
El discurso presidencial pareció buscar refugio en la narrativa de siempre: culpar al pasado para evitar el costo político del presente. Mientras en Michoacán la violencia se recrudece y los alcaldes se convierten en objetivos del crimen, el gobierno federal se aferra a una estrategia de contención más retórica que efectiva.
La mención al expresidente Calderón —a casi dos décadas del inicio de la militarización— funcionó como distractor, desviando la atención de las omisiones actuales y de la creciente influencia de los grupos criminales en el territorio.
“No es regresar al pasado, es construir justicia”, concluyó Sheinbaum, reivindicando su movimiento como “el de los pobres” y “los que nunca tuvieron justicia”.
Mientras tanto, en Uruapan, la justicia para el alcalde asesinado sigue pendiente.
